Héctor Ponce lidera la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y ha protagonizado distintas medidas de fuerza contra firmas del sector.
Por Canal26
Martes 23 de Enero de 2024 - 13:07
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) está conducida por Héctor "Etín" Ponce y presenta diversas complicaciones para el sector de la industria láctea. Distintas empresas han denunciado el accionar y las pérdidas que se producen por distintas medidas de fuerzas que lleva adelante la agrupación.
Además de firmas como Sancor, pymes como Lácteos Vidal, Lácteos Mayol, Lácteos Don Felipe y La Lácteo también se vieron afectadas por bloqueos del sindicato que ha frenado la actividad en las empresas. La primera mencionada se encuentra en conflicto y este martes hay una audiencia oficial para destrabar el mismo.
Desde la compañía láctea le indicaron a Infobae que se “cumpliendo con un cronograma de pagos que había hecho a los empleados”. Además, señalaron que “desde que asumió el actual presidente de la empresa, hace más de un año, en octubre de 2022, le viene pidiendo reuniones al secretario general de ATILRA, pero nunca aceptó sentarse a hablar, no dialoga y busca imponer su punto de vista”.
Durante diciembre, un empleado de Sancor reveló en una entrevista radial que "el sindicato no nos permite trabajar". "Nos están llevando a no cobrar los sueldos. Hay familias que no pueden cumplir con las necesidades básicas. Anoche con una patota que no dejó entrar a los trabajadores. Queremos trabajar para llevar el pan a nuestras familias”, relató el hombre.
En este contexto de tensión, Héctor Ponce fue cuestionado por la realización de una fiesta de fin de año el pasado 16 de diciembre, que contó con la participación de Dady Brieva y shows de Ángela Leiva y Trulalá. La misma fue presentada como “Encuentro Nacional de las y los trabajadores de la Industria Lechera”.
Otra empresa que sufrieron los bloqueos de ATILRA, a cargo de Héctor Ponce, fue Lácteos Vidal, ubicada en la provincia de Buenos Aires y estuvo con la actividad frenada durante casi dos meses en 2022. Tras la medida extorsiva llevada a cabo, la firma debió despedir a 26 trabajadores y solicitar el desafuero de tres delegados, aunque la Justicia obligó a la reincorporación y colocó una indemnización de $10.000 por día por cada empleado que fuera reintegrado a su puesto.
“Nuestro caso está igual que a fines del año pasado. Arreglamos la desvinculación definitiva con 15 de las 26 personas que despedimos. Sin embargo, como no reincorporamos a nadie, el juez me ejecutó un embargo de 5.200.000 pesos", reveló Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal. Y sumó: "Los delegados que tenía están en proceso de desafuero y las causas penales siguen en trámite, pero yo, a partir de que me saqué de encima a la mafia sindical, pude empezar a trabajar normalmente”.
Vázquez se sumó al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), un grupo que desde 2021 ayuda a víctimas de bloqueos sindicales. “Con el DNU se terminan los los bloqueos porque se los considera injuria grave y los podés despedir con causa -enfatizó-. Por eso están quemando las naves. Convocan a un paro que no quiere nadie, manejan la justicia laboral y sacan una cautelar que frena la reforma laboral con la excusa de que es inconstitucional. Mentira. La realidad es que se les acaba el curro a ellos. No les importa que la gente esté muerta de hambre y necesite trabajo”, expresaron tras apoyar la reforma laboral del Gobierno que encabeza Javier Milei.
Por otro lado, Lácteos Mayol también se vio afectada por la misma modalidad de reclamo del sindicato que encabeza Héctor Ponce. El hecho ocurrió en 2021 y todavía hay una causa penal en curso, con 20 sindicalistas y exempleados imputados, aunque los daños todavía se sienten: pasaron de procesar entre 15 y 20 mil litros de leche a los entre 4 y 5 mil litros de la actualidad.
"Se podrá imaginar todo lo que esto ha acarreado a nivel empresa y también a nivel de conflictos familiares, donde la mayoría bregaba por cerrar la empresa y yo decidí continuar con el apoyo de una prima y de mis hermanos. Realmente este gremio destruye todo lo que se pone en su camino”, lamentó Paulina Mayol, gerenta de la compañía.
Otro caso es el de Lácteos Don Felipe, ubicada en La Pampa, que tuvo la particularidad de un final distinto. En 2014, un bloqueo de cuatro días de ATILRA terminó con la aceptación de conciliación judicial de dos de los dirigentes sindicales para pagarle a la empresa una indemnización de $150.000 y pedirle disculpas a los dueños.
José Luis Bergara, hijo del dueño y directivo de la firma, recordó acerca del conflicto con el sindicato encabezado por Héctor Ponce: “Nuestra pyme está en un pueblo de 5.000 habitantes y el sindicato trajo 150 tipos en tres colectivos desde la Capital Federal para bloquearnos. Esos cuatro días estuvimos con mi viejo acá en la fábrica, durmiendo en un sillón. No nos movimos de acá y los tipos estaban en la puerta. Yo tenía un silo que tenía 50.000 litros de leche y todos los días salía a ver en qué momento los iba a tener que tirar”.
Y sumó: "Estamos hablando de algo muy delicado: en un país con tanta pobreza, estos tipos quieren que uno tire la leche”. Además, admitió que actualmente la relación con ATILRA es "mala" y recordó que "más de una vez nos dijeron que querían recomponer la relación porque ya pasó mucho tiempo, pero yo no me olvido. Y, además, estos tipos no se arrepienten de nada porque siguen haciendo lo mismo en otros lugares”.
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