La Justicia buscó cámaras de seguridad y chequearon el sistema interno de conteo de entradas. La investigación al estadio xeneize se suma a las ya iniciadas en el Monumental y en la cancha de Vélez.
Por Canal26
Martes 12 de Octubre de 2021 - 20:10
Allanamiento en La Bombonera, AGENCIA NA
El cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal allanaron el estadio de Boca Juniors, la Bombonera, ante las sospechas de que se superó el aforo del 50% permitido por protocolo sanitario para el partido del sábado ante Lanús, por la 15ta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.
Para intentar proteger las pruebas, el juez Javier Buján determinó la clausura del estadio por cinco días.
El allanamiento se realizó a pedido de la fiscal Celsa Rodríguez tras la investigación iniciada no solo por la eventual violación del protocolo sino también por la venta de entradas apócrifas.
Por este último caso la investigación alcanza también al partido del domingo pasado entre las selecciones de Argentina y Uruguay (3-0), en el estadio Monumental de River Plate, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.
El cuerpo de investigadores a cargo de Ramírez detectó al menos 500 tickets irregulares en el juego del seleccionado en el Monumental y contabilizó más de 200 en La Bombonera.
"La idea del allanamiento es la de secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad y todos los elementos que permitan determinar la cantidad de gente que entró a la Bombonera para el partido con Lanús", informaron fuentes judiciales.
Estas investigaciones se suman a las iniciadas en River Plate y Vélez Sarsfield el fin de semana pasado por haber superado la capacidad del 50% permitida en sus estadios, en el superclásico con Boca y ante Independiente respectivamente, con motivo de la vuelta de los hinchas desde el 1 de octubre y tras la restricción impuesta en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus.
La justicia porteña allanó ambos clubes para determinar en qué grado incumplieron con la limitación impuesta por decreto presidencial, a la vez que imputó a sus presidentes, Rodolfo D'Onofrio y Sergio Rapisarda, y a toda su Comisión Directiva.
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