Paro en puertos agroexportadores: el conflicto retrasa las exportaciones por U$S1.500 millones

Puertos en problemas. NA.

La economía argentina no termina de hacer pie, y con ese marco, se suman los grandes inconvenientes de cara a lo que viene. El paro de actividades en puertos agroexportadores y en plantas aceiteras y de procesamiento de granos oleaginosos, llega concreto como una dura bofetada, sobre todo porque la Argentina necesita sí o sí de los dólares que puedan ingresar del agro, el más importante sostén del sistema económico nacional.

Hasta este domingo, han pasado 11 días desde que tres sindicatos activaron una medida de fuerza que frenó dramáticamente a las terminales y cuyas negociaciones con las cámaras empresarias no son fructíferas, al menos hasta ahora. Las derivaciones de esta situación ha derivado en más de cien barcos que aguardan po cargar mercadería por USD 1.500 millones.

Si bien el conflicto se inició el 3 de diciembre cuando la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODYARA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos (URGARA) comenzaron un paro de 24 horas, fue el 9 de diciembre cuando comenzó el derrotero que hasta el momento lleva acumulado 11 días fundamentado en un reclamo de actualización salarial y un bono “extraordinario” por la pandemia.

Los costos económicos son graves y evidentes. Con este complicado marco, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, dijo que “no hay una estimación de pérdidas, sino que lo que acá tenemos es una estimación de retrasos. Tenemos 111 barcos en línea de espera en la zona del Río Paraná para cargar 4,5 millones de toneladas de harina de soja, trigo y maíz. Por otro lado, hay cerca de 3.000 camiones por día pendientes de ingresar a los puertos. Eso nos da una estimación de retrasos de exportaciones de alrededor de USD 1.500 millones. Por supuesto, habrá costos de logística que habrá que asumir posteriormente”.

Lo expresado en Infobae po Idígoras se acerca a lo sostenido por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que calculó que entre maíz y subproductos de soja (harinas, pellets y aceite) restan por cargarse en las terminales portuarias del Gran Rosario unos USD 1.000 millones.

En lo que hace a los costos, el vicepresidente de CIARA-CEC, Guillermo García, sostuvo recientemente que los elevados gastos que implican mantener un barco a la espera de la carga, que podrían ascender a USD 25.000 por día, subrayó que uno de los principales problemas que puede afrontar Argentina de extenderse el conflicto es que “en el tiempo empezás a ser un exportador no confiable”.

De acuerdo a lo informado por la BCR, mantener un barco parado a la espera de ser cargado en concepto de fletes puede oscilar entre USD 15.000 y USD 25.000 diarios. En relación a las plantas paradas, los costos fijos se ubican en torno a los USD 10.000 por día según fuentes no oficiales de la industria, mientras que otros especialistas plantean que se pierden USD 10 por tonelada por día de paralización. Entonces, si la planta tiene la capacidad de procesar 12.000 toneladas por día, el costo de paralización diario es de USD 120.000 diarios.

Así mismo, hay un problema que es el de las “extensión penalties” que son los costos por las demoras en los contratos de ventas. Pueden ascender a aproximadamente USD 80.000 cada dos días según el contrato de flete. “El contrato hasta puede caer en default, lo que implica que el comprador puede renegociar todo el precio de la mercadería y los perjuicios pueden ser mayores”, indicó la entidad bursátil.

El conflicto que lleva 11 días, empezó a tomar forma semanas antes, pero su real magnitud se vio en estos últimos días. Los sindicatos que llevan a cabo la medida reclaman una actualización salarial y el pago de un bono “extraordinario” por el trabajo durante la pandemia, donde las cámaras sostienen que dicho incremento debe darse conforme al aumento de la inflación y rechazan pagar la suma exigida por los gremios respecto al bono.

Asimismo, para retomar las negociaciones que están alarmantemente detenidas, se reclama que los trabajadores dejen sin efecto el paro. Las partes involucradas en este conflicto se vieron por última vez fue el lunes pasado en el Ministerio de Trabajo, que tras una reunión de más de 8 horas, no pudieron llegar a un acuerdo.

Entre tanto, los gremios, en una declaración conjunta, han acusado frontalmente de “intransigencia” a las cámaras empresarias, alegaron que éstas no han cumplido con los acuerdos firmados y que es falso que haya habido una modificación en los reclamos durante la reunión que se llevó a cabo el lunes pasado en la cartera que conduce Gabriel Moroni.

“Las cámaras han incumplido con los acuerdos firmados. En el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, con URGARA no han firmado aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde junio del 2020”, afirmaron y agregaron que “nunca hemos cambiado nuestros reclamos, seguimos insistiendo con nuestra propuesta: deben cumplir con el acuerdo para el 2020 y ajustar el 25% que ya hemos percibido para llevarlo al 35% de inflación proyectada para este año, pagando el bono anual de todos los años ajustado con la pauta firmada”.

En este sentido, aseguraron que “la suma de dinero necesaria para cubrir las necesidades básicas familiares a enero de 2021 es de $93.280, conforme a los estudios realizados por el INDEC. Hoy nuestros básicos iniciales de convenio no llegan a los $70.000, estando pendiente el reajuste del 2020”.

Ante tamaño conflicto y con las consecuencias que está arrojando, que no solo pueden complicar las exportaciones sino también la logística de la cosecha de trigo, sectores de la cadena agroindustrial manifestaron su sorpresa por la quietud del Gobierno nacional para resolver el tema, más allá de la reunión que se mantuvo en la cartera laboral el pasado lunes. Esta poca movilidad también alertó al sector primario, más precisamente a la Mesa de Enlace y a las cuatro cadenas de los principales cultivos, quienes pidieron que el Estado arbitre los medios necesarios para que se le busque una salida a la problemática que se ha planteado en los principales puertos del país.

En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, expresaron “su alarma ante la paralización de los puertos cerealeros” y pidieron al Gobierno que “implemente las mesas de diálogo o las instancias necesarias para destrabar este conflicto que continúa irresuelto y perjudica, cada día que pasa, al sector y a la Nación”.

Por su parte, las cuatro entidades de los principales cultivos de la Argentina (Acsoja, Asagir, Argentrigo y Maizar) manifestaron que el camino para llegar a una solución del conflicto “es el diálogo en paz y sin medidas de fuerza, que claramente requiere la participación y arbitraje del Estado nacional. La medida sindical a través de un prolongado cese de actividades es el camino contrario a lo que necesita la Argentina en este momento”.