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La resolución, difundida por el tribunal en un comunicado, fue adoptada el martes en el marco de la causa en la que está imputada por los delitos de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión".
La pericia realizada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental asegura que la empresa deliberadamente no informó el probable vertido de metales pesados y manipuló las mediciones de cianuro. Cuestiona el sistema de seguridad del yacimiento.
Por Gabriela Ensinck
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