Informe de la FARN: el recorte presupuestario en materia ambiental llegó al 77%

Fuerte incendio en El Bolsón. Foto: ElBolsónTrekking.

El primer año de gobierno del presidente Javier Milei estuvo marcado por medidas de ajuste en áreas sociales, culturales, científicas y ambientales. Esta falta de inversión dejó al Estado con escasas herramientas para prevenir y enfrentar contingencias y eventos extremos, en el actual contexto de crisis climática.

De acuerdo a datos del Monitor Ambiental del Presupuesto, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) “la ejecución del Presupuesto nacional 2024 sufrió una reducción real del 26,3%. En el caso de las partidas ambientales, los recortes fueron aún mayores, con disminuciones que oscilaron entre el 36% y el 77%”.

Esto se tradujo en el desfinanciamiento de programas esenciales, como el de manejo del fuego, la protección de los bosques nativos y el fomento de energías renovables.

• Un ejemplo de los efectos de esta falta de inversión y planificación estatal fueron los incendios en la Patagonia y Corrientes durante enero y febrero, que según reportes de la Administración de Parques Nacionales afectaron unas 280.000 hectáreas de bosque, y destruyeron más de 100 viviendas.

También las inundaciones en Bahía Blanca del 7 de marzo, que dejaron 16 víctimas fatales y pérdidas millonarias, mostrando con crudeza cómo la infraestructura urbana no está preparada para gestionar eventos climáticos extremos.

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El ajuste, sector por sector

El documento de FARN analizó los recortes en las diversas áreas y programas de gobierno:

• La Subsecretaría de Ambiente sufrió un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales, operando con menos de una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023.
• El presupuesto de la Administración de Parques Nacionales tuvo una caída real del 34%, impactando directamente en la cancelación de proyectos de infraestructura, como la reparación y construcción de senderos, ciclovías, galpones y edificios administrativos, y en las renovaciones contractuales de guardaparques y personal.
• La partida presupuestaria que expone las transferencias del Tesoro nacional al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no fue ejecutada en todo el 2024, reflejando una desarticulación total de la política de conservación de bosques.

Ejecución del Presupuesto en ambiente. Fuente: Monitor Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

• El Servicio Nacional de Manejo del Fuego presentó una caída real del 81% en comparación al 2023. Esto se debió a una decisión política de sólo ejecutar $7.739 millones sobre los $33.142 millones disponibles, un 22% del total.
• Las partidas destinadas al saneamiento y mejora de infraestructura de la cuenca Matanza-Riachuelo sufrieron una ajuste del 76,6% en términos reales. En otras palabras, durante 2024 contaron con una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023.
• Los fondos para las partidas para la promoción de energías renovables y la eficiencia energética cayeron un 66,4% en términos reales. Esto se vió acompañado con el cierre del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) y la ejecución de apenas el 0,5% de los recursos del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER).

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Ejecución del Presupuesto en ambiente. Fuente: Monitor Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

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Ganadores y perdedores

Pero el ajuste no fue igual para todos. Mientras se recortaron partidas para áreas sociales, científicas, culturales y ambientales, algunos sectores como Seguridad y el pago de la deuda, fueron reforzados.

Ejecución del Presupuesto en ambiente. Fuente: Monitor Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Una de las partidas presupuestarias más privilegiadas fue la de Deuda Pública, con una caída real del gasto de apenas un 15,2%, muy por debajo del ajuste aplicado al Presupuesto en su conjunto, que alcanzó el 26,2%. En 2024, el Gobierno nacional destinó $9,4 billones al pago de la deuda, con una ejecución del 91,6%.

Además, se mantuvieron y ampliaron los subsidios a sectores contaminantes como el de hidrocarburos, y especialmente a las empresas de gas y petróleo. “De los $577.150 millones destinados a subsidios al gas, el 68,7% ($396.298 millones) fueron transferidos directamente a las empresas, mientras que solo el 31,3% ($180.852 millones) fueron destinados a facilitar el acceso a la energía y disminuir la tarifa energética”, detalla el informe de FARN.

Por otro lado, la caída en el financiamiento de ambas partidas mostró una distribución desigual: los subsidios a las empresas registraron una reducción real del 12,1%, mientras que los destinados a quienes consumen cayeron un 38,9%.

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Futuro sin inversión ni previsión

Bajo el argumento de la reducción del Estado y la búsqueda del superávit fiscal, el actual gobierno recortó partidas esenciales para la protección ambiental y el bienestar de la población. Al mismo tiempo, amplió los subsidios a empresas de agronegocios, hidrocarburíferas y mineras, favoreciendo a sectores con ganancias millonarias y con alto impacto socioambiental.

Esta falta de inversión y planificación se da en un contexto de triple crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), cuyas consecuencias son cada vez más graves y evidentes.