Uber niega haber recibido notificación de la AFIP por deuda impositiva

Desde que llegó a la Argentina, los reclamos contra Uber son imparables; sobre todo de parte del Sindicato de Peones de Taxis en la Ciudad de Buenos Aires, donde la plataforma de carsharing funciona con mayor intensidad.

Con este marco, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) da la sensación de atender los reclamos del gremio y demanda a Uber $358 millones en impuestos y cargas sociales.

Puntualmente, la suma es por $147,4 millones por impuesto al valor agregado (IVA) y del tributo a las Ganancias, más $211,3 millones de gravámenes a la seguridad social de unos 16.000 choferes que usan la app. El dinero exigido corresponde a los períodos fiscales de 2016 y 2017.

De acuerdo a lo informado por la AFIP, la medida surge tras una fiscalización conjunta de la Dirección General Impositiva (DGI) y la General de los Recursos de la Seguridad Social.

De todos modos, Uber aseguró que no haber recibido notificación formal alguna de parte de la AFIP sobre proceso alguno. "En atención a la información difundida en un comunicado de la AFIP, Uber aclara que paga todos los impuestos, está a disposición de cualquier consulta de la entidad y confía en seguir contribuyendo al crecimiento de la Argentina", señalaron desde la compañía.

"Uber colaborará en el proceso administrativo que la AFIP, siguiendo lo que establece la legislación fiscal local, el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, el Código Civil y Comercial de la Nación, y los fallos de la justicia sobre la materia", manifestaron.

Sobre la relación entre Uber y los socios conductores, desde la empresa manifestaron que, en 2017, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 8 determinó, en sentencia firme, que Uber no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores.

Los Juzgados nro. 7 y nro. 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires ratificaron con tres sentencias firmes, en noviembre de 2018, que los socios conductores no son empleados de la plataforma. En aquel entonces, se dijo que la empresa "acerca oferta y demanda de transporte, a fin de mediar en la conclusión de un contrato de transporte privado, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes".

"Uber ha pagado todos los impuestos que le corresponden, como toda compañía internacional que presta este mismo tipo de servicios. A su vez, los socios conductores que usan la aplicación contribuyen al fisco a través del pago de los impuestos correspondientes", afirmaron.

La plataforma sólo está habilitada para funcionar en Mendoza y Córdoba. Mientras mantiene la batalla legal para recibir el permiso del Gobierno porteño, sus choferes también operan en la Ciudad de Buenos Aires.

La compañía llegó al país en 2016 y tiene más de 1 millón de usuarios activos. Sin precisar, se limita a afirmar que posee miles de “socios conductores” registrados.

Hace poco, la empresa Uber lanzó su plataforma de delivery, Uber Eats, en el Gran Buenos Aires (GBA), en Ramos Mejía y Haedo. Ya estaba activa en Mendoza y Córdoba.