Brasil: qué decía el borrador del decreto que pretendía desconocer los resultados electorales

Anderson Torres, exministro de Justicia de Brasil. Foto: REUTERS.

Luego del escándalo por el hallazgo del polémico documento encontrado en la casa del exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, se conocieron los detalles de lo que contenía. La Policía secuestró un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones donde se impuso Luiz Inácio Lula da Silva y buscar imponer un estado de defensa, uno de los estados de excepción que contempla la Constitución brasileña.

La carta magna prevé dos posibles estados de excepción para casos de ruptura del orden social y de iniciación de guerras o conflictos, internos o externos: el estado de defensa y el estado de sitio, este último más amplio.

En ambos casos amplían los poderes del presidente y autorizan la supresión de los derechos y libertades individuales.

Anderson Torres y Jair Bolsonaro. Foto: Télam.

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¿Qué es el estado de defensa?

El estado de defensa tiene restricciones geográficas y no puede aplicarse en todo el territorio nacional, por lo que el presidente debe determinar una duración y áreas específicas de alcance del mismo.

Se trata de una situación de emergencia en la que el mandatario tiene facultades especiales para suspender algunas garantías individuales que garantiza la Constitución y cuya suspensión se justifica para restablecer el orden en situaciones de crisis institucional y guerras.

Incidentes en el Palacio de Planalto. Foto: REUTERS.

Según el artículo 136, el presidente "podrá decretar el estado de defensa para preservar o restablecer prontamente, en lugares restringidos y determinados, el orden público o la paz social amenazados por graves e inminentes daños institucionales, inestabilidad o afectados por calamidades de grandes proporciones en la naturaleza".

Para decretarlo, el mandatario no necesita autorización previa del Congreso y su declaración tiene efectos inmediatos.

En un plazo máximo de 24 horas desde que es decretado, no obstante, el Presidente debe presentar una justificación al Congreso, quien puede confirmar o revocar la medida.

invasión al Palacio de Planalto. Foto: REUTERS.

La duración del estado de defensa tiene un máximo de 30 días y contempla una sola prórroga, por el mismo período.

Sus consecuencias son la restricción de los derechos de reunión, del secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas; la ocupación y uso temporal de bienes y servicios públicos (sólo en caso de calamidad pública); la prisión por delito contra el Estado, determinada directamente por el ejecutor del estado de defensa.