México refuerza su plan contra los privilegios fiscales de grandes empresas

América Móvil, empresa de telecomunicaciones de México

México se propuso tapar los agujeros fiscales impulsado por la narrativa del combate a la corrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha redoblado la ofensiva contra los privilegios de las grandes empresas para ampliar una recaudación históricamente baja.

América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica y propiedad del magnate Carlos Slim, reconoció que había pagado más de 8.000 millones de pesos, unos 430 millones de dólares, en concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) diferido entre los años 2016 y 2019.

El caso de América Móvil es paradigmático. Pese a su dimensión y posición dominante en el mercado, la empresa se había beneficiado de un diferimiento de pago de impuestos durante tres años. La ley que lo permitía, aprobada al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, buscaba favorecer a las compañías mexicanas frente a las extranjeras. En diciembre, América Móvil avisó al SAT del final de ese escenario e identificó 66 sociedades que volverían al régimen impositivo normal.

La autoridad tributaria está pasando la canasta para cobrar lo debido. “El SAT exhorta a los contribuyentes —particularmente a los llamados grandes contribuyentes— a cumplir con sus obligaciones fiscales con el Estado mexicano, en la forma en que mandatan las leyes tributarias”, rezaba un comunicado publicado el lunes. Parece business as usual, pero el analista Carlos Brown, del centro de investigación Fundar, apunta a un cambio de ciclo. “Tiene que ver con la intención del SAT de poner orden en las deudas”, dice. “Veo muy difícil que este tipo de beneficios ocurra de nuevo”.

El frente tributario es una de las prioridades del Gobierno de Morena, que ha hecho del combate a la corrupción su bandera y le ha llevado a endurecer la política fiscal hacia los grandes contribuyentes. El problema a atacar es viejo. La recaudación de México es la más baja de la OCDE. Un 16% del PIB frente al promedio de 34% en el club de las economías avanzadas. En 2019, el primer año de la Administración de López Obrador marcado por el estancamiento económico, la recaudación subió de forma marginal respecto al año anterior, pero el esfuerzo se quedó 108.000 millones de pesos (5.800 millones de dólares) por debajo de la meta marcada. El monto se acerca al presupuesto de ayudas a los adultos mayores, uno de los programas sociales estrella.