La estafa millonaria de venta de alimentos podridos al Penal de Marcos Paz

Funcionarios y empresarios se asociaron para defraudar al Estado en más de 19 millones de pesos al vender alimentos vencidos, con sobreprecios y hasta en menor cantidad, al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Hay 21 personas procesadas entre autoridades y privados.

El modo de operar se basaba en crear un "un déficit alimentario" en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, lo cual hacía que se genere una falta de alimentos.

Esto incluso hizo que los presos amenazaran con motines y ante "la inminencia de una crisis alimentaria", las autoridades del centro de detención de máxima seguridad contrataron a un frigorífico amigo de manera directa y favoreciendo la discrecionalidad. De esta forma se evitaron controles y se posibilitó que con los impuestos de los ciudadanos se abonara por la compra de carne vacuna y chorizos que no fueron entregados, se pagaron precios exorbitantes aduciendo una "urgencia" autogenerada, para encubrir los sobornos.

Las medias reces y embutidos que ingresaban al penal, eran de "inferior calidad" por lo cual se facturaba carne "de primera", por cortes en estado de putrefacción que en realidad tenían como destino el cinturón ecológico o la incineración. La causa provó que el proveedor Carnes Yamuni S.A. que la empresa, en ese tiempo, no le entregó al Centro Penitenciario Federal II de Marcos Paz, 92.922 kg de carne vacuna, equivalentes a $2.985.876,13, que sí fueron abonados por el SPF".

Esto llevó a que el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, Jorge Rodríguez, dicte el procesamiento de 21 de los 41 imputados originalmente, entre ellos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, del Complejo Penitenciario Federal II y de los responsables del frigorífico Carnes Yamuni S.A.

Se los imputó por presunta responsabilidad en defraudaciones a través de la compra de alimentos, maniobras que ocasionaron un perjuicio económico millonario al Estado por la suma de $19.162.525,42; además sufrimientos físicos y psíquicos a las personas detenidas como consecuencia del déficit en la alimentación.

Andrés Klipphan, en su columna para Infobae, explica que ya se había alertado sobre esto por parte de un sector del Servicio Penitenciario Federal y de empresarios que se originó, según los propios fiscales, durante la administración kirchnerista y que continuó, al menos en parte, en la actual gestión.

La causa se inició después de varias inspecciones realizadas en el Complejo Penitenciario Federal II (Marcos Paz) y en el Módulo V del Complejo Penitenciario Jóvenes Adultos.

En esas recorridas, fueron los propios internos los que habían denunciado la deficiente alimentación recibida, tanto en cantidad como calidad, circunstancia que contrastaba con los valores de compras de alimentos facturados por el Servicio Penitenciario Federal.

Los funcionarios del SPF habían "acordado" con el frigorífico la recepción de mercaderías que debían ser facturadas sin superar el monto que tenían autorizado para abonar por medio de los Fondos Rotatorios. La documentación secuestrada da cuenta que, dentro de un mismo período de tiempo se conformaron varias facturas por montos menores siempre en beneficio del mismo proveedor y por las mismas razones.

El juez Rodríguez recuerda que, según las pruebas reunidas en el expediente, quedó establecido que, por ejemplo, "existían períodos donde el penal no contaba siquiera con las condiciones necesarias –es decir espacio en sus cámaras frigoríficas y heladeras- para poder recibir la mercadería que, de acuerdo a los remitos secuestrados, era ingresada al establecimiento".

"Hacer pasar hambre a una persona privada de su libertad es claramente un trato degradante, no sólo psíquico, sino físico. Lo mismo que entregarle una calidad de carne pésima, prácticamente incomible. Ello ataca su sentimiento de dignidad o de respeto que merece como persona y que el Estado es garante. Así, no cabe más que concluir que no brindar los alimentos diarios necesarios o brindarlos en mala calidad, cuando su destinatario no tiene otra forma de adquirirlos, significa a todas luces un trato degradante, que el Estado no sólo no debe cometer, sino que debe evitar", concluyó el juez federal.

La instancia superior deberá resolver sobre las apelaciones realizadas por los procesados.