Avanza en Comodoro Py la "revancha" de Cristóbal López

Cristobal López, NA.

Cristóbal López planea tomarse una revancha en Comodoro Py que ya inició con la denuncia que realizó junto a Fabián de Sousa contra Mauricio Macri y a un grupo de exfuncionarios. El motivo es por haberlos presionado para vender el Grupo Indalo a distintos empresarios que serían, según lo que dicta en la denuncia, cercanos al gobierno saliente.

La acusación agrega que López y su socio Federico de Achával habrían sufrido hostigamientos para pagar más impuestos por la explotación de juegos del azar en el Hipódromo de Palermo y el Casino de Puerto Madero.

A quienes señalan detrás de esto es al asesor presidencial, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, y quien reunió con ellos en distintas ocasiones para expresarles la necesidad de pagar más impuestos.

La jueza Servini pidió que la empresa Movistar entregue un listado con todas las llamadas telefónicas entrantes y salientes del teléfono de Rodríguez Simón desde enero de 2016 hasta agosto de 2019. Además se habla que durante dichas reuniones pidieron que cambie la línea editorial de C5N.

La causa ya tiene como imputados a Macri, José Torello, Nicolás "Nicky" Caputo, Rodríguez Simón, Mario Quintana, el ex ministro de Energía Javier Iguacel, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Además de los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova.

López y De Sousa aseguran que los funcionarios macristas intentaron "ahogar" financieramente al Grupo Indalo para "derrumbar" sus empresas con el propósito de forzar una venta "a precio vil".

Las reuniones comenzaron en enero 2016, de la que habrían participado Cristóbal López, su socio de Achával y Rodríguez Simón. "En esas reuniones, se habría manifestado la decisión de Macri de que las empresas aludidas abonaran mayores impuestos, caso contrario se les rescindirían los contratos de concesión", sostienen los denunciantes.

La última reunión fue en agosto de 2019. Benedicto, socio de Cristóbal López en los juegos del azar, declaró ante la jueza que fue invitado por Rodríguez Simón a su domicilio y que, antes de comenzar la reunión, le adelantó que hablaba en nombre de Macri y lo cuestionó por haber realizado dicha denuncia judicial dándole "a entender que de acuerdo a cómo se profundizara la investigación podría repercutirle en las empresas".

La denuncia fue realizada por Cristóbal López y su entorno mientras estaba detenido en una causa que investiga una presunta defraudación al Estado por una deuda de $8000 millones correspondientes al impuesto al combustible durante el gobierno de Cristina Kirchner, flujo financiero que le permitió comprar distintos medios de comunicación, como el canal de televisión C5N, entre otros.