Odebrecht: Justicia argentina sigue sin tener acceso a pruebas brasileñas

La Justicia argentina aún no ha podido tener acceso a las pruebas, provenientes del Lava Jato, sobre coimas que Odebrecht pagó a funcionarios kirchneristas, el pago fue a cambio de contratos millonarios en la obra pública que rondan por más de US$2200 millones.

La Nación explicó que las pruebas van desde transferencias bancarias, listados de receptores e intermediarios, detalles de las sociedades offshore involucradas, copias de correos electrónicos y de mensajes por WhatsApp y Telegram, comunicaciones telefónicas y delaciones de los exejecutivos de Odebrecht que se convirtieron en "delatores".

Sin embargo, aún no está claro cuándo podría llegar ese material a Buenos Aires.  El motivo principal de que estas pruebas aún no llegaron a Buenos Aires, es que por el desinterés de los magistrados argentinos. Todo según lo dicho por funcionarios locales del país vecino.

Además, las legislaciones de ambos países son incompatibles y los brasileños exigen firmar un compromiso de impunidad en favor de los acusados brasileños. Algún error en lo que respecta al recorrido formal para acceder a esto, podría provocar la nulidad de las investigaciones locales.

Se firmó un acuerdo de cooperación bilateral en 2018, pero esto ahora depende de los jueces y fiscales de cada investigación local, que muestran avances muy distintos.

La última vez que se hablaron, la procuradora general brasileña, Raquel Dodge, acusó a los argentinos de obstaculizar las pesquisas de su país.

Las pesquias del Lava Jato que involucran al país son las siguientes:

AySA: se investigan en los juzgados federales si el consorcio que lideró Odebrecht pagó coimas para quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas. Por la causa, el juez a cargo, Sebastián Casanello, procesó por coimas a empresarios y a presuntos receptore como Julio De Vido, Roberto Baratta y Carlos Ben (extitular de AySA).

Gasoductos: se investiga la extensión de las redes troncales de gas y el juez federal Daniel Rafecas procesó a varios acusados. De Vido, es uno de ellos, y dos subsecretarios de Estado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Soterramiento: la causa está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi, se busca determinar si Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa pagaron sobornos para quedarse con la obra para soterrar el tren. La causa ya tiene varios procesados: De Vido, Baratta, Juan Pablo Schiavi, José López y Ricardo Jaime.

Además hay otras investigaciones que se vinculan al caso de corrupción en el país carioca:

Arribas: basadas en los registros de transferencias delictivas que desarrolló el "doleiro" Leonardo Meirelles, bajo órdenes de su jefe Alberto Youssef. Brasil, mientras tanto, avanza su propia investigación dentro de la Opera çã o Descarte.

Transener: investiga el presunto pago de sobornos para que Electroingeniería se quedara con las acciones de Petrobras en Transener. De Vido y Dromi figuran como los principales acusados por los arrepentidos brasileños. Se ha pedido a Brasil acceder a esas confesiones y otras evidencias con críticas de la Procuración brasileña por la falta de cooperación argentina.

Techint: se investigan presuntos sobornos que una subsidiaria del holding habría pagado en Brasil. Se firmó el convenio con Brasil y pidió datos sobre las evidencias que recolectaron los sabuesos brasileños, pero ese material sigue sin llegar a la Argentina.

Odebrecht demandó en julio de 2018 al Estado argentino por desigualdad ante la ley, en donde planteó que la suspendieron en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública cuando las empresas argentinas que admitieron coimas en la causa de los "cuadernos de la corrupción" continúan con sus matrículas activas.