Polémica por aval a Maduro: Argentina no repudió la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela

Nicolás Maduro y Alberto Fernández, fotos NA.

El Gobierno argentino sumó una nueva polémica luego de que le diera un aval al presidente Nicolás Maduro al ser con Bolivia los únicos países del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea (UE), que evitaron firmar un repudio a la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas, la portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa.

En un comunicado en conjunto, expresaron: "Los siguientes miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay rechazan la decisión del régimen venezolano de declarar a la embajadora de la UE persona non grata”.

En la carta agregaron que “la única salida a la crisis venezolana es mediante la reanudación de las negociaciones políticas y el restablecimiento del diálogo entre las partes y la organización de elecciones creíbles y transparentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes de Venezuela”.

La embajadora abandonó el sábado el país, luego de que el régimen de Nicolás Maduro la declarara persona no grata y expulsara el pasado 24 de febrero, en respuesta a nuevas sanciones del bloque contra funcionarios chavistas.

La embajadora salió en un vuelo de Turkish Airlines, confirmó a la agencia AFP una fuente de la delegación diplomática de la UE.

En rigor, la expulsión tenía un plazo de 72 horas, que vencía el sábado, pero se dio una extensión del plazo por razones logísticas relacionadas a la disponibilidad de vuelos.

El régimen de Maduro declaró el pasado miércoles persona no grata y expulsó a Brilhante Pedrosa tras las nuevas sanciones de la UE contra 19 altos funcionarios venezolanos, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y dos congresistas.

Las sanciones se anunciaron luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los mayores partidos políticos opositores y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.