Derechos Humanos en Irán: Tribunal Supremo aceptó recurso del rapero Yasin contra su condena a muerte

Saman Seydi Yasin. Foto: Twitter IranHumanRights.org @ICHRI

El régimen imperante en Irán está en el foco de atención mundial como directa consecuencia del avasallamiento de los derechos humanos en el país. La situación se torno más y más compleja cada día y eso amerita la atenta mirada de diversos organismos internacionales y otros países. Los encarcelamientos y las condenas ordenadas por el gobierno iraní están a la orden del día y son moneda corriente, pese a los reclamos y quejas que llegan desde diversas partes del mundo.

Dadas las duras circunstancias es que ahora el Tribunal Supremo iraní aceptó la apelación de la condena a muerte del rapero Saman Seydi Yasin mientras que al mismo tiempo ratificó la pena capital contra otro manifestante, informó el sábado el poder judicial del país. Yasin, un kurdo que rapea sobre la desigualdad, la opresión y el desempleo, había sido acusado de intentar matar a miembros de las fuerzas de seguridad, prender fuego a un contenedor de basura y disparar tres veces al aire, cargos que él negó. La semana pasada, la madre de Yasin suplicó ayuda para salvar a su hijo mediante un video. "¿En qué lugar del mundo han visto que se tome la vida de un ser querido por un cubo de basura?", decía en el video publicado en las redes sociales.

El Tribunal había marcado inicialmente que había aceptado los recursos de Yasin y de otro manifestante, pero en un comunicado posterior la agencia de noticias judicial Mizan dijo que sólo se había aceptado el de Yasin. "Las relaciones públicas del Tribunal Supremo de Irán han corregido su noticia: 'La apelación de Mohammad Qabadloo no ha sido aceptada (....) La apelación de Saman Seydi ha sido aceptada por el Tribunal Supremo", dijo la agencia.

Al explicar la decisión en su comunicado original, citó fallas en la investigación del caso y dijo que se había devuelto al tribunal para que lo volviera a examinar. Qabadloo había sido acusado de matar a un agente de policía y herir a otros cinco durante las protestas.

A mediados de septiembre estallaron disturbios en todo Irán tras la muerte de la mujer kurda iraní Mahsa Amini, detenida por la policía de la moralidad, que hacía cumplir las leyes de la República Islámica sobre el código de vestimenta.

La bandera iraní flamea en la prisión de Evín. Foto: NA.

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Pena capital

El anuncio del sábado se produce después de que el Tribunal Supremo suspendió hace 10 días la condena a muerte del manifestante Mahan Sadrat. Había sido acusado de varios presuntos delitos, como apuñalar a un agente de seguridad y prender fuego a una motocicleta.

Irán ahorcó a dos manifestantes a principios de mes: Mohsen Shekari, de 23 años, acusado de bloquear una carretera principal en septiembre y de herir con un cuchillo a un miembro de la fuerza paramilitar Basij, y Majid Reza Rahnavard, de la misma edad, acusado de matar a puñaladas a dos miembros de la Basij, y ahorcado públicamente desde una grúa de construcción.

Amnistía Internacional ha afirmado que las autoridades iraníes están solicitando la pena de muerte para al menos 26 personas en lo que ha calificado de "juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido Irán".

Según la organización, a todos los condenados a muerte se les ha negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a abogados de su elección. Los grupos de derechos humanos afirman que, en lugar de ello, los acusados tienen que recurrir a abogados de oficio que hacen muy poco por defenderlos.

El grupo de derechos humanos HRANA afirmó que hasta el viernes habían muerto 506 manifestantes, 69 de ellos menores de edad. También murieron 66 miembros de las fuerzas de seguridad. Se cree que se ha detenido a 18.516 manifestantes.

A principios de este mes, un alto organismo de seguridad del Estado declaró que 200 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, habían perdido la vida en los disturbios. Sin embargo, un alto mando de la Guardia Revolucionaria ha elevado la cifra a 300, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.