El proyecto de ley está en trámite para su aprobación en el Senado. Tiene un gran rechazo por parte de las comunidades indígenas que advierten que la propuesta limita su derecho a ocupar y habitar sus territorios ancestrales.
Por Canal26
Viernes 2 de Junio de 2023 - 19:56
El martes pasado, la comunidad indígena de Brasil tuvo que enfrentar un golpe realmente duro: la mayoría conservadora en la Cámara de Diputados aprobó (de manera bastante abrumadora, esto es: 283 votos contra 155) un proyecto de ley que pone en peligro el reconocimiento estatal de sus reclamos territoriales.
El texto aprobado causa polémica en Brasil porque dificulta la demarcación de tierras indígenas. Al mismo tiempo se trata de un revés histórico para la causa indígena y un golpe para el gobierno de Lula da Silva que subió al poder y prometió reanudar la demarcación de tierras, una idea que durante el gobierno de Jair Bolsonaro había detenida, tanto así que incluso con Lula se estableció un Ministerio de Pueblos Indígenas.
En Brasil, esta ley ya es conocida como el "marco temporal". La llaman así porque establece que las comunidades indígenas solo pueden reclamar como tierras indígenas aquellas que eran ocupadas por las etnias hasta el 5 de octubre de 1988, cuando se aprobó la Constitución actual. En pocas palabras: esto significa que aquellos indígenas que no puedan demostrar que ocupaban una determinada área antes de 1988 no podrán obtener el reconocimiento de los territorios.
Indígenas Mura posan para una foto en un área deforestada de una tierra indígena no demarcada en la selva amazónica cerca de Humaita, estado de Amazonas, Brasil.
La propuesta desató protestas. En las afueras de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, los manifestantes bloquearon una importante autopista con neumáticos en llamas y usaron arcos y flechas para enfrentarse a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos.
Las comunidades indígenas argumentan que esta medida ignora el hecho de que muchas comunidades fueron expulsadas de sus tierras ancestrales, algo que fue común durante la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985.
Los defensores de la nueva ley están -muchos de ellos- vinculados al poderoso sector agrícola y ganadero y sostienen que esta medida pondrá fin a la inseguridad jurídica y los conflictos territoriales, brindando paz al campo.
Para indígenas y ecologistas, esta ley representa además, algo así como una sentencia de muerte: aparte de establecer restricciones temporales, la legislación prohíbe la ampliación de las áreas protegidas ya reconocidas, permite la minería y el cultivo de organismos genéticamente modificados en su interior, así como la realización de proyectos de infraestructura sin consultar a las comunidades afectadas.
En la actualidad, existen 427 reservas indígenas en Brasil, abarcando casi el 14% de su territorio. Estas áreas representan naturaleza preservada y registran los índices más bajos de deforestación.
Los legisladores seguirán votando las enmiendas al proyecto de ley. Por otra parte, la medida necesita ser aprobada por el Senado y la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo veto podría ser anulado por una mayoría calificada en el Congreso.
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Tanto el Ministerio de los Pueblos Indígenas como las organizaciones no gubernamentales repudiaron la decisión de los diputados y la consideraron como un retroceso y una amenaza a la subsistencia de las etnias.
El proyecto "representa un genocidio legislado porque afecta directamente a pueblos indígenas aislados, ya que autoriza el acceso deliberado a territorios en los que viven pueblos que aún no tuvieron ningún contacto con la sociedad ni con otros pueblos indígenas", informó el Ministerio en un duro comunicado.
La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, que ha solicitado a Lula que vete la iniciativa en caso de que llegue a sanción, afirmó en una rueda de prensa que la no demarcación de las tierras indígenas provocará serios daños a los pueblos y a la economía.
De acuerdo con el Observatorio del Clima, una red que agrupa a medio centenar de grupos ecologistas, el proyecto aprobado "viola la Constitución" y aumentará los conflictos en el campo en caso de que sea aprobado por el Senado y no sea vetado por Lula.
"Bolsonaro se fue pero el exterminio continúa", dijeron desde el Observatorio del Clima, que citó datos de la Comisión Misionera Indigenista según los cuales durante el Gobierno del ultraderechista el número de invasiones a tierras indígenas creció 200 % y el de los asesinatos de nativos aumentó 30 %.
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