La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores, en el Estado de Guerrero, México, tomó como integrantes a niños y niñas de entre 11 y 15 años para ser capacitados con armas del Ejército y así, proteger a su comunidad.
Por Canal26
Jueves 25 de Enero de 2024 - 11:47
La grave situación de seguridad en el estado de Guerrero, en México, llevó a que los niños de entre 11 y 15 años tomen las armas para cuidar de una comunidad en el municipio José Joaquín de Herrera, mientras un grupo de adultos salió a buscar a una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la comunidad indígena Ayahualtempa, tomó como integrantes a un grupo de 5 niñas y 15 niños, a quienes "armaron" para proteger la localidad.
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El integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl, dijo que los jóvenes de mayor edad se integrarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia.
A los niños, contó, se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas, detalló Rojas.
En el acto realizado durante la asamblea, a la que asistieron cerca de 1.000 asistentes de origen nahua, exigieron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena.
La familia en cuestión está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años, su esposo José Teodoro Domingo Ortiz de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes el 19 enero fueron secuestrados en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
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La decisión de integrar a los niños y niñas a la CRAC-PF fue elegida por la asamblea llevada a cabo el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC-PF, "ante el resurgimiento de la violencia" que creció en los municipios de la región Montaña, de la que responsabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.
En la cancha de fútbol del pueblo, los menores, armados con rifles y escopetas, mostraron movimientos de entrenamiento armado.
“Los que nos están acribillando, los que nos están secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos (grupo delictivo). Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a las autoridades municipal, estatal y federal que nos apoyen con agentes de seguridad”, expresó Morales Rojas.
Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía comunitaria es legal, por lo que exigieron respeto y que ninguna autoridad levante acusación alguna.
“Recordamos a las autoridades que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados, entre los que destacan la Constitución mexicana, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero, así como el Convenio, 169, de la OIT”, indicaron.
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Según registros de autoridades, el grupo delincuencial "Los Ardillos" se consolidó en los últimos años en la zona centro de Guerrero para mantener el control contra otros grupos delictivos.
En junio del 2019 a la Policía Comunitaria se integraron 19 niños y en 2020 fue presentado otro grupo de menores, que fueron desincorporados en 2022, cuando funcionarios del gobierno federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
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