Sube la tensión en Perú: preparan más protestas contra la presidenta Dina Boluarte y se teme por la "Toma de Lima"

Protestas y represión en Perú. Foto: NA.

Perú está inmerso en un espiral de violencia como la directa consecuencia de una interminable crisis política, económica, social e institucional que lo aqueja desde hace ya varios meses. A medida que pasa el tiempo, las soluciones distan mucho de ser posibles o una lejana posibilidad; y el estallido en las calles se ha convertido en la moneda corriente.

De un tiempo a esta parte, el país no logra encausarse y no puede encontrar la pacificación entre la gente y las instituciones. El drama se acrecienta y el panorama de cara a lo que viene no es nada alentador. Todo lo contrario.

El contexto de violencia callejera ya ha dejado un saldo que es más lamentable y preocupa: hubo hasta el momento cerca de 70 personas fallecidas en las refriegas y en las manifestaciones contra el Gobierno, pero ahora todo podría empeorar.

Esto se debe a que las manifestaciones y reclamos se reanudarán el próximo miércoles con una llamada “toma de Lima”, esperada con singular expectación.

Encontrá más vídeos

Se cree que unas 30.000 personas podrían llegar a Lima desde el interior, especialmente desde los Andes sureños, pese a que analistas estiman que el número será muy inferior, pues en varias zonas, según definió el politólogo de la ciudad de Trujillo Martín Ueda, “el ambiente está apagado”.

Ueda expuso dos razones por las que la convocatoria aparentemente no ha tenido el alcance que logró entre diciembre y marzo pasados: por un lado, la intimidación lanzada por el gobierno y sus aliados, y, por otro, la falta de conexión de los convocantes con las bases. “No hay liderazgos visibles, especialmente en el norte, aunque las razones de malestar siguen vigentes”, señaló el politólogo.

Convulsión en Perú. Foto: Reuters.

Te puede interesar:

Perú: el hermano de Dina Boluarte espera respuesta de apelación para decidir si se entrega a la Justicia

El Gobierno en el ojo de la tormenta

El gobierno de Boluarte, criticado internacionalmente por la represión que dejó 49 muertos en choques directos -todos civiles- y cerca de una veintena más si se incluyen hechos colaterales, ha estado activo en la adopción y el anuncio de medidas de contención que, entre otras cosas, incluyen una vigilancia en las afueras de la capital sobre quienes llegan.

Esa operación, bautizada como “abanico verde”, por el despliegue de los uniformados, apunta a desestimular a los potenciales viajeros y forma parte de un plan a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero, general retirado de la Policía.

“Boluarte y (el primer ministro) Alberto Otárola toman al 19 de julio como el Día D de su gobierno y comentan que, de superar la crisis que genere la protesta, podrán quedarse sin problemas hasta 2026”, cuando termina el período de gobierno, dijo una fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia al semanario Hidebrandt en sus Trece.