Violencia que atenta contra la Democracia

Incidentes en el Congreso.

En la tarde del jueves pasado, mientras la Cámara de Diputados de la Nación debatía el proyecto de ley que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, los argentinos asistimos a un nuevo hecho de violencia contra las instituciones.

Mientras se desarrollaba una marcha de protesta contra el FMI de la que participaron numerosas agrupaciones políticas y sociales, un grupo de inadaptados apedreo el edifico del Congreso de la Nación y agredió a policías, La violencia y los desmanes se sucedieron durante varios minutos y en los alrededores del Palacio legislativo hasta que efectivos antidisturbios de la Policía de la Ciudad lograron dispersar a los revoltosos y retomar el control de la zona.

Los destrozos incluyeron la rotura de ventanas y mobiliario en el despacho de la Vicepresidenta y de varios senadores, además de la rotura de veredas y la quema de contenedores y mobiliario urbano de la Plaza del Congreso. Trascendió luego que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá desembolsar unos 10 millones de pesos para reparar y poner en uso lo que resultó dañado o destruido en las inmediaciones del parlamento.

Lamentablemente hechos como los que se vivieron pocas horas atrás no son nuevos ni inusuales, nos hemos acostumbrado a convivir con violentos que hacen de su modus operandi una expresión política inaceptable.

Si repasamos las imágenes de la marcha en cuestión, veremos que la enorme mayoría de los miles que protestaban lo hacían en forma pacífica; sin embargo un grupo de no más de 50 personas, con sus caras cubiertas, comenzaron a quemar cubiertas, arrojar piedras contra el Congreso e inclusive tirar proyectiles y una bomba molotov contra efectivos policiales que resultaron heridos. Está claro que el accionar de estos grupos no fue espontáneo, todo indica que fueron con la determinación de provocar caos para interrumpir el debate que dentro del Congreso protagonizaban los representantes del pueblo argentino.

A casi 40 años de la recuperación de la Democracia resulta absolutamente repudiable e inadmisible buscar imponer por la violencia posiciones políticas que no encuentran legitimidad en los organismos de la Constitución. Nuestra Carta Magna en su Art. 22 es taxativa: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.  

No podemos dudar en esto. No hay espacio para admitir actitudes antidemocráticas que atentan contra el sistema de vida que hemos elegido para entendernos. Nuestro país tiene una larga y triste historia de violencia política y nos ha costado mucho recuperar la república y las instituciones que la conforman como para permitir que un grupo de inadaptados impongan por la fuerza lo que no consiguieron en las urnas. 

Es necesario que los organismos de seguridad y la Justicia den con los violentos y los hagan responder por sus actitudes. Permitir que estos personajes sigan haciendo de las suyas ante la incredulidad del conjunto de los argentinos es un lujo que las instituciones no deben aceptar, porque si no se castiga con todo el peso de la ley a quien la transgrede de manera antidemocrática estaremos incubando males mayores, tragedias que no debemos ni merecemos volver a padecer.