Hidrovía: el plan del Gobierno para gestionar la mayor vía comercial de la Argentina

Hidrovía Paraná-Paraguay. Foto: NA.

Desde el próximo 13 de septiembre, la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, que se extiende en sus 3.400 kilómetros de largo y baña tierras en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay será administrada por el Gobierno Nacional.

El presidente Alberto Fernández, presionado por un sector del nacionalismo kirchnerista, de La Cámpora y del Instituto Patria, que comanda la vicepresidenta Cristina Kirchner, decidió intervenir la vía comercial y apostar al manejo de los millones de dólares que factura.

El próximo 13 de septiembre dejará de existir Hidrovía S.A., el consorcio privado que la administra y la mantiene desde hace 25 años. No le renovarán las concesiones.

Ese manejo privado hasta ahora fue el emergente de un acuerdo entre radicales y peronistas tras el Pacto de Olivos de 1994. Desde aquel comienzo, Hidrovía S.A. se encargó hasta ahora del cobro de peaje, del mantenimiento de las profundidades de los cauces navegables con el dragado y su respectivo balizamiento para delimitar el canal y dar seguridad a la navegación.

Las principales empresas y cámaras del sector, productores auto convocados más las entidades agropecuarias que confluyen en la llamada Mesa de Enlace, vienen reclamando al Gobierno saber cuál es el programa de control que tienen pensado para el futuro de la Hidrovía.

En julio, el gobierno de Alberto Fernández tomó control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que pasó a manos del Estado bajo la órbita de la Administración General de Puertos (AGP) por un año. La concesión actual sigue vigente hasta el 13 de septiembre.

De cara a la licitación internacional de la ruta fluvial por la que pasa el 80% del comercio exterior de la Argentina, el decreto 566 publicado en el Boletín Oficial determina la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Se establece que se trata de un "organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte".

Entre los considerandos, se explica que "en atención a la finalización del contrato de concesión sobre la vía navegable troncal, y en función del inicio de los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable, resulta imprescindible crear un organismo técnico, plural y especializado para la aprobación de la documentación licitatoria, efectuar los actos preparatorios, su adjudicación y posterior control".

Esto implica que, al menos por el próximo año, el Gobierno cobrará el peaje de la Hidrovía, por la que se mueven dos tercios de las exportaciones argentinas, equivalentes a u$s 43.000 millones anuales.