Para designar nuevos jueces federales, Consejo de la Magistratura retiró la doctrina del "lawfare"

Tribunales.

El Consejo de la Magistratura retiró como punto de examen a jueces que se candidatean para ocupar una vacante en la Justicia Federal la pregunta sobre la "doctrina lawfare", la cual invocó en los últimos años la vicepresidenta Cristina Kirchner, al identificarse como víctima de una persecución política.
    

El primer paso lo dio la Comisión de Selección del organismo, lo cual deberá ser convalidado por el plenario en la reunión del próximo jueves, y luego de la polémica al conocerse que eso era parte de un examen a jueces.
    

La controversia había generado la renuncia de la secretaria de la Cámara Electoral Alejandra Lázzaro a ser jurado en el concurso para ocupar las vacantes de los juzgados que tuvieron Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral y, por sorteo, se designó en su lugar al periodista y constitucionalista Adrián Ventura.
 

 La terminología utilizada en el examen fue algo a lo que se refirió la presidenta de la comisión de Selección, la diputada Graciela Camaño, quien dijo que varios de los puntos "excederían la especialidad propia de la vacante a cubrir".
   

La semana pasada, la vicepresidenta dijo que el "lawfare" estaba en su máximo apogeo, en oportunidad de tener que defenderse de la causa por presunto administración fraudulenta al Estado Nacional con la venta de dólar a futuro durante su gobierno.
    

En ese sentido, Cristina Kirchner volvió a afirmar que existe un complot en contra del espacio político que lidera orquestado entre sectores de la Justicia, la oposición y algunos medios de comunicación que ejercen una "persecución política".
    

Para cubrir las dos vacantes que dejaron el fallecido Bonadio y Canicoba Corral, el examen se realizará el 16 de marzo próximo y ya se inscribieron unos 249 candidatos, algunos actuales jueces federales subrogantes.
  

El pasado lunes, los legisladores opositores que integran el el Consejo Pablo Tonelli y Silvia Giacoppo, junto a los representantes de los abogados Diego Marías y Carlos Matterson presentaron una nota en la que expresaron su preocupación por la inclusión de ese punto en el concurso.
  

En la misiva, advirtieron que "se incluyó como ejes de la evaluación a ciertas materias o cuestiones que no constituyen derecho vigente y no se ajustan a los términos del artículo 31 del Reglamento de Concursos vigente".
  

"Resulta claro y manifiesto que el llamado lawfare, o las implicancias jurídicas de un imaginado totalitarismo financiero latinoamericano no constituyen institutos del derecho vigente en nuestro país", expresaron.