En un acto que compartirán en Vaca Muerta con el presidente Alberto Fernández, los funcionarios de Energía tomarán ventaja para explicarle su plan de cara a junio.
Por Canal26
Miércoles 20 de Abril de 2022 - 08:05
Tarifas.
En un acto que compartirán con Alberto Fernández en Vaca Muerta, los funcionarios de Energía dispondrán de tiempo para explicarle al presidente cuál es su visión del incremento tarifario que deberá aplicarse a partir de junio.
Hay que tener en cuenta que Economía aún debe resolverá algunas cuestiones como la solicitud de las asociaciones de consumidores sobre la defensa de la propuesta de aumento tarifario, en la audiencia pública, que lleva a cabo el ministro de Economía y no, como suele ser habitual, el secretario de Energía.
Es que al secretario Darío Martínez tiene una tarea difícil que es la de defender la propuesta de incremento tarifario que propuso Guzmán, toda vez que el subsecretario Basualdo elaboró un informe técnico donde explica las causas por las cuales se torna complicada su aplicación.
En una nota firmada por Liliana Franco para Infobae, recapitula un informe de 24 páginas que analiza los impactos de la aplicación de esas medidas y asevera que no es posible de aplicar técnicamente el incremento tarifario propuesto.
Guzmán y Martínez.
A continuación la nota reproduce los ítems más destacados:
- Las políticas que se deberán aplicar al segmento residencial con quita total de subsidios no contemplan el principio de gradualidad establecido en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Para el conjunto de los usuarios residenciales que se le deberá aplicar el tope del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) al 80%, sufrirán un impacto en facturas en el mes de junio acumulado del 65%, lo que podría derivar en situaciones complejas con su pago hacia el interior de este amplio segmento.
- La aplicación de los incrementos propuestos tanto para el segmento comercial como el industrial, atenta contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos.
- El aumento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones lo que redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema mayorista.
- En las provincias “se advierte claramente que hay un riesgo real de que la cadena de pagos de las distribuidoras se vuelva a deteriorar atento que será muy difícil que, por arriba de los coeficientes de aumentos, que las empresas tengan margen para continuar incrementando las tarifas con el objetivo de cubrir sus costos en el segmento de distribución”.
- El documento sostiene que técnicamente es imposible aplicar la política de segmentación propuesta por Guzmán (quitar subsidios al 10% de los consumidores con mayor poder adquisitivo) porque no se sabe cómo se va a identificar dichos usuarios y qué organismo va a proveer la información de ingresos para que sea objetiva.
- Advierte que “para el periodo invernal se registrarían aumentos de más del 400% a usuarios residenciales del AMBA”.
- Para los grandes usuarios tendrían un impacto superior al 90% en el periodo invernal.
- Concluye que el mecanismo de ajuste propuesto resulta contradictorio con los objetivos de crecimiento económico planteados en el acuerdo (FMI), y ejercerá una considerable presión sobre el resto de los precios de la economía.
Según el análisis de la subsecretaría de Energía Eléctrica, para 2022 se estima un incremento de los costos de generación del 38% explicado principalmente por el rubro combustibles, el cual podría llegar a aumentar más de 79% como consecuencia de la variación de los precios internacionales.
Esto determina un desafío que incluyen los siguientes datos:
- Por un lado, se espera un crecimiento de la demanda energética para este año del 2%, lo que supone un fuerte impacto para la generación y el sistema energético en su conjunto.
- No se prevé una reversión importante de la situación hídrica que atraviesa la Argentina y los países limítrofes, por lo cual seguirá habiendo una participación notable de la generación térmica.
- Hasta el momento no hay cantidades ni precios ciertos para determinar el gas de Bolivia en el invierno, ya que se encuentra prorrogado hasta el 30 de abril del corriente el envío de cantidades mínimas (7/8 MMm3/d). Se trata de una fuente vital para garantizar el abastecimiento de la demanda local, a precios más accesibles que los del GNL y Gasoil.
- En relación al GNL, tampoco hay cantidades ni precios ciertos para el invierno, dado que hasta el momento sólo se han adjudicado 8 cargamentos sobre unas necesidades que supera los 65 barcos para el año entre ambas terminales (Bahía Blanca y Escobar).
En lo que respecta a los usuarios no residenciales, se tiene en cuenta:
- Para los que demandan menos de 300 kW se procederá a una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
- Para los de más de 300 kW: quita total de subsidios.
Pero este informe presenta algunos problemas a enumerar:
- No se sabe cómo se va a identificar dichos usuarios y qué organismo va a proveer la información de ingresos para que sea “objetiva”.
- No hay un mecanismo establecido aún para lograr el acceso a la información de la AFIP.
- La base de usuarios de Servicios Públicos de todo el país se encuentra desactualizada, lo cual representa un obstáculo insalvable al programa acordado con el FMI.
- Tampoco está definido si los ingresos van a ser por “usuario” o “grupo familiar”.
La propuesta de aplicar el 40% del CVS en las facturas con tarifa social “parece no considerar la reglamentación y financiación actual de la tarifa social”. El Estado Nacional sanciona precios estacionales de energía para los usuarios residenciales de todo el país (sin definición de Tarifa Social) y cada jurisdicción aplica y financia una tarifa y un diferencial.
"Para lograr el objetivo del tope del 40% en las facturas, las provincias deberán afrontar los mayores costos necesarios para lograr la aplicación de la medida, esta situación produciría, probablemente, tensiones presupuestarias en las provincias y demandará un nuevo acuerdo fiscal”, cerró.
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