La interna de Cambiemos se profundizó tras marcha atrás del cargo extra sobre tarifa gas

Para evitar un mayor costo político y posibles rupturas internas, el Gobierno cedió ante la avalancha de quejas, demandas judiciales y protestas, y frenó el controvertido cobro retroactivo en las tarifas de gas, que ahora promete afrontar el Estado tras negociar con las empresas.

El sistema de "ensayo y error" es un mecanismo repetido dentro del Gobierno: anuncia una medida, espera el impacto y luego da marcha atrás si la reacción social tiene un alcance masivo.

De cualquier manera, el mecanismo de tomar decisiones y luego desecharlas parece también apuntar a otra estrategia, la de hacer menos visible otras medidas que por lo general son más perjudiciales.

Así, el día en que se conoció la resolución de Javier Iguacel aplicando una suma adicional para compensar a las empresas, se conoció el nuevo cuadro tarifario que debían pagar los clientes de gas.

En esa jornada, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los nuevos ajustes en las boletas de gas, con aumentos promedio del 34,5% respecto de las tarifas vigentes desde el primero de abril último.

Ese ajuste es superior a las sumas de entre 90 y 100 pesos que cada cliente iba a tener que pagar desde enero por mes como consecuencia de la suba del dólar.

Sin embargo, lo que disparó la indignación de propios y ajenos fue el cobro de esa suma adicional.

Incluso, la situación se replicó en las redes sociales y puso en un primer plano al titular del área de energía, un funcionario que hasta ese momento tenía un perfil bajo y poco reconocimiento entre la gente. En medio del ajuste y la recesón que se avecina, fuentes gubernamentales califican a la medida de Iguacel como “un tiro en el pie”.

Pese a que se convirtió en eje de los cuestionamientos, Iguacel desestimó la posibilidad de renunciar tras las críticas recibidas de distintos sectores y dijo que ni siquiera se lo pidió el presidente Mauricio Macri.

Según dirigentes, funcionarios y asesores, el secretario de Energía avanzó casi en soledad en la implementación de la medida. Sí la había comentado con Macri, al menos en su trazo grueso, que incluso hasta ayer a la tarde se había mostrado reacio a dar marcha atrás.

La principal queja tenía su origen en por qué el usuario debía hacerse cargo de la diferencia generada por la devaluación producida entre abril y septiembre.

El Gobierno volvió a mostrar además serias diferencias con sus aliados, en este caso con la UCR, que pidió una revisión de la medida en boca de sus principales líderes. La sociedad entre el PRO y el radicalismo ya había crujido en las primeras horas de septiembre, en aquella cumbre en Olivos que dio lugar al ajuste en el gabinete.

Por eso, esta marcha atrás pasó a integrar una larga lista de medidas que a poco de conocidas fueron dejadas sin efecto, entre las que figuran cuestiones económicas pero también políticas.

Durante este año, el gobierno había propuesto eliminar los extras que se pagan en asignaciones familiares en diversas regiones del país, pero luego lo suspendió por 30 días y más tarde la dejó sin efecto.

Fuera del aspecto económico, en enero de 2017, el Ejecutivo decretó el fin de los feriados puente y determinó que el del 24 de marzo era movible, pero después cambió la postura.