Policías en las escuelas tomadas: presentan una acción judicial para que se retiren

Defensoría del Pueblo. Foto: Telam.

Con el objetivo de retirar a los agentes policiales de la puerta de las escuelas porteñas tomadas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo una presentación judicial.

La presentación se trata de un hábeas corpus y se realizó el jueves cuando estaban tomadas 13 escuelas. Los jóvenes reclaman mejores viandas y están en contra de los defectos de infraestructura edilicia y de la obligación de hacer prácticas laborales en empresas.

Presentamos un habeas corpus preventivo para que se retire la policía de los colegios con protestas estudiantiles, al considerar que las y los jóvenes no pueden ser imputados por contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos.
Aquí el comunicado 👉 https://t.co/YpOn12N26T pic.twitter.com/XyXpg7NLSP

— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) September 29, 2022

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Secretaría de Derechos Humanos 

En la denuncia efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se especifica que la presencia policial en la puerta de los colegios donde se desarrollan las protestas representa "una amenaza a la libertad personal" de los estudiantes.

De acuerdo con las fotos, videos, los policías, además de verificar quién ingresa y sale de los colegios, sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información.

En el escrito, se indicó que los estudiantes "son mayoritariamente menores de edad que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones", por lo que la presencia policial "sólo persigue un efecto intimidatorio" para que los estudiantes "cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades".

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La demanda

La presencia policial en la puerta de los colegios y en los domicilios particulares de los padres de los alumnos para notificarlos de supuestos delitos contravencionales, fue viabilizada por la fiscal María Laura Presedo.

"El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres 'que no retiran a sus hijos", destacó la Secretaria, y aseguró que "tampoco son punibles los estudiantes por ser menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho".

"Nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios", dijo el secretario Horacio Pietragalla Corti.

La Secretaría de Derechos Humanos también critica a la decisión del Gobierno porteño de exigigir una suma de 1.5 millones de pesos por cada día de protesta, a las familias de los jóvenes que toman las escuelas.