FMI pide aplicar suba del dólar a tarifas de energía que paga el consumidor

El Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó u$s7600 millones del crédito stand by este mes para la Argentina, pero eso significó una revisión muy detallada que además incluyó otras nuevas recomendaciones para llegar al equilibrio fiscal durante 2019.

Entre los nuevos ajustes requeridos en lo que hace al gasto público, se destacan de manera especial dos. Estos son los recortes a los subsidios en materia de energía y freno en los aumentos de los salarios.

El Fondo destacó muy especialmente la necesidad de tener un marco legal que le permita al Gobierno de Mauricio Macri el traslado directo a los usuarios de servicios públicos del golpe de la devaluación en las tarifas de electricidad y gas.

La secretaría de Energía encabezada por Javier Iguacel determinó oportunamente un costo extra para que los usuarios paguen en sus tarifas de gas el impacto que tuvo la devaluación del peso en el costo de la energía. La medida oficial derivó en un fuerte conflicto, de modo tal que el Gobierno se vio forzado a asumir ese costo y dar marcha atrás. La diferencia la pondrá el Estado, con pagos a las petroleras productoras de gas en cuotas, desde octubre de 2019.

El organismo económico y financiero internacional advirtió esto y reclamó medidas para que no se repita tal situación. Así las cosas, en el punto 17 de la segunda revisión del acuerdo Stand by se especifica de manera inequívoca: "Será importante resistir presiones para mantener los subsidios energéticos y subir salarios".

"Las autoridades deberán aplicar un marco regulatorio para pasar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de gas y electricidad", manifestaron técnicos del Fondo Monetario Internacional.

"La decisión este año de evitar ese traslado a precios implicó un costo extra del 0,1% del PBI para el gobierno federal (que pagará a los distribuidores de gas -en realidad, los productores- entre 2019 y 2021", dice en otro fragmento el reporte del FMI.

El Presupuesto 2019 contempla una baja en los subsidios a la energía con el objetivo de que las tarifas que abonan los usuarios sean el 90 por ciento del costo de la producción hacia finales de 2018.