Buscarán definir la hoja de ruta que tendrá el tratamiento de la principal ley que quiere aprobar el Gobierno este año.
Por Canal26
Martes 20 de Septiembre de 2022 - 08:29
Cámara de Diputados. Foto: Telam.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, convocó a los bloques del Frente de Todos y de la oposición para debatir el proyecto de Presupuesto 2023. La finalidad de la reunión, que se realizará este martes a las 16, es llegar a un acuerdo para que se pueda sancionar la normativa sin conflictos.
En 2022 se frustró la aprobación de la norma en el Parlamento, lo que motivó que el Poder Ejecutivo extendiera la ley de 2021. El objetivo es que este año no suceda lo mismo. Por eso, se definirán mecanismos de evaluación de los gastos y recursos para así poder consensuar un esquema de trabajo con los bloques opositores.
El Gobierno nacional ya envió el Presupuesto 2023, la iniciativa contempla para el próximo año un gasto total de 29 billones de pesos. Por otro lado, proyectan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60% y un déficit primario del 1,9%. También estiman una reducción de los subsidios para el sector energético y hay una propuesta parta discutir la eliminación de exenciones impositivas.
Moreau llamó al diálogo a los jefes de los bloque del Frente de Todos y de la oposición y a las autoridades de la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- para definir la hoja de ruta que tendrá el tratamiento de la principal ley que quiere aprobar el Gobierno nacional este año.
La agenda de la bancada del Frente de Todos -que conduce Germán Martínez- contempla para los primeros días de octubre la presentación formal del ministro Massa, quien expondrá sobre los principales ejes del proyecto de gastos y recursos.
Uno de los temas que se busca acordar con la oposición será el mecanismo de la ronda de consultas que incluirá la visita de los ministros del Poder Ejecutivo, para luego comenzar con la conversaciones que permitan llegar a un acuerdo para asegurar la sanción del Presupuesto 2023 entre fines de octubre y principios de noviembre en la Cámara baja.
La búsqueda de acuerdos es central para el oficialismo para poder construir una mayoría que le permita sancionar el Presupuesto ya que cuenta con 117 votos, con lo que requiere al menos sumar el visto bueno de una docena de legisladores de otras fuerzas para asegurarse su aprobación.
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El proyecto de Presupuesto 2023 prevé una inflación del 60% para el próximo año, y un déficit primario equivalente al 1,9% del PBI, contra el 2,5% contemplado para 2022, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno nacional en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado.
Esta baja se realizará a partir de una reducción de los subsidios y la eliminación de algunas excepciones impositivas vigentes como la que tienen jueces que no pagan Impuesto a las Ganancias beneficios que tienen directores de empresas, los impuestos internos de Tierra del Fuego, entre otros.
Otro punto central será disminuir un 0,6% del PBI en los destinados de manera específica al sector energético, que de esta forma quedarán en una cifra del orden del 1,6% del PBI el próximo año, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.
También se reducirá en 0,1 del PBI el subsidio al transporte que quedará en 0,4% como compensación a los colectivos interjurisdisccionales. Otro aspecto central es mantener actualizado el tipo de cambio por lo que se espera que hacia diciembre próximo se ubique en $166,50 por dólar y que pase a valer $ 269 hacia fines del 2023, pero con un promedio de $ 219 el año próximo, precisaron las fuentes.
Además, se espera un aumento en las exportaciones, de 7,1%, contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%. De esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
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Otro aspecto central será la posibilidad blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.
El artículo 71 establece una enmienda a la ley 27.679 de blanqueo para la construcción, a los fines de incorporar en esa normativa un permiso para la "la adquisición de un inmueble usado que sea afectado: i) con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o ii) por un plazo no inferior a diez años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia".
Es decir, con esta modificación se permite que los fondos declarados en el marco del vigente régimen de blanqueo para la construcción sean también utilizados para la compra de viviendas usadas.
En los fundamentos, el oficialismo señala que el "presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno", entre otras cuestiones.
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