Colombia: imputan a militares por más de 200 asesinatos a inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras

Colombia admite el asesinato de jóvenes civiles a manos del Ejército. Foto: Reuters.

El problema de los "falsos positivos" en Colombia, remite a uno de los episodios más espeluznantes relacionados a las fuerzas de seguridad colombiana. El hecho remite a cuando los militares desaparecieron y asesinaron personas para hacerlos pasar como bajas guerrilleras a cambio de premios y ascensos. En este marco, la Justicia Especial para la Paz (JEP) imputó a 35 militares a los que se les atribuyen 200 homicidios incluidas 32 desapariciones forzadas, además de 8 intentos de asesinato. 

Se trata de la cuarta acusación por "falsos positivos" que hace esta Justicia, creada por el acuerdo de paz del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), y que se suma a los otros 62 integrantes del Ejército imputados por estos crímenes. La JEP articuló estas nuevas imputaciones a 35 miembros del Ejército en el Huila (centro) "por su participación en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional".

Justicia Especial para la Paz, Colombia. Foto: EFE.

La JEP contó 6.402 de casos de "falsos positivos", que se cometieron sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe. Entre los acusados figura el general retirado Jaime Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército en 2014, y quien fue imputado como autor por omisión, como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

Según el testimonio de la JEP, bajo la dirección de estos tres ex altos oficiales, la IX Brigada permitió el "lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos". En este marco, los exgenerales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los 30 comparecientes, deben responder a título de coautores por estos delitos de guerra. 

FARC, Colombia. Foto: Reuters

"La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos", agregó. La mayoría de hechos ocurrieron entre 2005 y 2008 en Huila, cuando ocurrió un "incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública".

Y esta jurisdicción reconoció tres patrones macrocriminales: la estigmatización de víctimas con señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado; el engaño de personas por sus condiciones de vulnerabilidad, y la realización de acciones contra supuesta delincuencia común o contra milicias de las FARC de una manera que  Derecho Internacional Humanitario (DIH) prohíbe.

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Cómo sigue

Ahora los imputados tienen 30 días hábiles para admitir los hechos o rechazarlos y la JEP fijará audiencias públicas de reconocimiento de verdad. Si este juzgado observa que la aportación de verdad y la admisión de los militares es adecuado, podrían recibir castigos alternativos que no conlleven penas de prisión.

La JEP imputó hasta el momento a 97 personas por "falsos positivos" en el Caso 03, de las cuales al menos 55 (el 89 %) reconocieron su responsabilidad. Además, con Lasprilla ya son dos excomandantes del Ejército acusados de "falsos positivos", ya que el pasado 30 de agosto, la JEP imputó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.