Crisis hídrica en Uruguay: la ONU cuestionó al Gobierno por la gestión durante la sequía

Sequía en Uruguay. Foto: Reuters

La crisis hídrica sin precedentes en Uruguay fue analizada por un grupo de expertos de la ONU, los cuales cuestionaron el manejo de la misma por parte del Gobierno de Luis Lacalle Pou. En su análisis señalaron que se debió dar prioridad al consumo de los hogares por sobre el de las empresas y apuntó que la recomendación de utilizar agua embotellada crea un riesgo de "privatización de facto del agua".

La carta de la ONU generó malestar en el gobierno uruguayo y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocó anoche a la sede de Gobierno a dos representantes del organismo, a los que les expresó su "profundo descontento", según indicó hoy el diario El País.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo emitió a su vez un comunicado en respuesta en el que manifestó que los valores de sodio en el agua hasta el momento “no se consideran alarmantes, ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas”.

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¿Qué alertaron los expertos?

Ante los problemas generados, entre los que se encuentra la disminución de la calidad del agua en Montevideo y zonas aledañas, los expertos en derechos humanos señalaron que el país "debe priorizar el consumo humano" y recordaron que la crisis afecta al 60% de la población del país. "La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas", expresaron en una carta divulgada.

Sequía en Uruguay. Foto: Reuters

La sequía, sumada a la falta de planificación e inversiones por parte del Ejecutivo, llevó a que las autoridades tuvieran que completar el suministro bombeando agua del Río de la Plata con alta salinidad, lo que provocó el aumento de cloruros y sodio en el agua suministrada a la población, sobrepasando los máximos permitidos por la norma que define el agua potable.

Los expertos de la ONU indicaron que el Gobierno recomendó "reducir el consumo de agua en los hogares", pero "estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción".

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"Las empresas, incluidas las empresas estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento y los estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias", indicaron, según reprodujo el medio local La Diaria.

Además, apuntaron que la recomendación de las autoridades de que la población consuma agua embotellada "crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua".