Gobierno chileno apura reformas en el Congreso mientras siguen las protestas

Protestas en Chile, REUTERS

El Gobierno chileno y legisladores avanzaban el jueves en la aprobación de reformas para atender las demandas sociales prometidas, luego de casi una semana continua de intensas protestas en las que han muerto al menos 16 personas.

El presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley al Congreso para congelar una reciente alza de la electricidad, una de las varias promesas con las que el presidente dijo que quería transformar las manifestaciones en una "oportunidad" para Chile. 

"Seguiré enviando los proyectos al Congreso para implementar esta agenda social y seguiremos impulsando las medidas administrativas para darle vida", dijo durante el anuncio del envío del proyecto.

El mandatario dijo que la situación de seguridad está mejorando y que las ciudades se están normalizando, aunque en la noche del miércoles hubo algunos saqueos, destrucción de infraestructura y de negocios y el jueves seguían las protestas.

"La intención nuestra es avanzar con la mayor fuerza pero también con total prudencia en este proceso de normalización para poder terminar con los toque de queda y ojalá poder también levantar los estados de emergencia", agregó.

La molestia por la desigualdad y el aumento del costo de vida en Chile lanzó a decenas de miles de personas a las calles desde el viernes para exigir a diario una reforma económica y social en una de las naciones más estables y ricas de América Latina.

"Necesitamos buenos salarios, pensiones para los abuelitos. Ya estamos cansados de todo esto, protestas, saqueos. Es un desastre. Esto ya no es el Santiago como estaba antes. Me duele mucho", dijo Octavio Solís, un exguardia de seguridad mientras hacia fila para cobrar su seguro de cesantía.

Por redes sociales, donde se han difundido muchas convocatorias durante las protestas, llamaron para la tarde del viernes a la "marcha más grande de Chile" en Santiago.

Las medidas anunciadas por Piñera incluyen ajustes al salario mínimo, un aumento en las pensiones y una rebaja del precio del transporte público en Santiago.

SIGUEN PROTESTAS

Más de 6.000 personas han sido detenidas y el Gobierno contabiliza 18 muertos, pero la Fiscalía resta de la cifra dos personas que murieron atropelladas por una persona ebria cuando estaban en una manifestación.

En referencia a las reiteradas denuncias sobre abusos por parte de las fuerzas militares, el ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo que las autoridades han estado abiertas a investigar todas las denuncias y llamó a no adelantarse a sacar conclusiones adelantadas.

"Pido que no prejuzguen (...) seamos prudentes en esta materia", acotó el funcionario.

En Santiago y otras ciudades se decretó una sexta jornada de toque de queda.

El canciller Teodoro Ribera dijo que el Gobierno invitó a representantes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y a Human Rights Watch a visitar el país para constatar la situación.

Bachelet confirmó en su cuenta de Twitter que enviará una misión de verificación para examinar las denuncias.

Santiago despertó con relativa calma el jueves con la reaparición de vendedores ambulantes de jugo de naranja y tazas de frutas en esquinas del centro.

Mercados municipales y empresas reabrieron y miles de personas se dirigieron a sus trabajos usando un disminuido sistema de tren subterráneo, que ha sufrido daños por más de 300 millones de dólares.

En los usuales puntos de concentración durante las protestas llegaron personas con pancartas, banderas y golpeando ollas, en una nueva jornada de reclamos, donde también se registraron choques con la policía.

Las mineras del mayor productor mundial de cobre estaban afectadas en diversa medida por las intensas protestas en la nación, mientras algunos sindicatos exhortaban a sus afiliados a sumarse a las manifestaciones.

También hubo una protesta de camioneros en una importante vía que comunica la capital con algunos puertos clave.

Por otra parte, el canciller Ribera aseguró que una cumbre de las economías Asia-Pacífico prevista para noviembre en la capital chilena se realizará pese a las manifestaciones, al igual que la reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático COP25 en diciembre.