En Chile todavía está en vigor una Constitución aprobada a comienzos de la década de los años 80 bajo el gobierno del dictador Augusto Pinochet.
Por Canal26
Viernes 3 de Noviembre de 2023 - 15:30
El Frente Amplio, parte de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile, pidió votar en contra del texto propuesto como nueva Constitución en el plebiscito del 17 de diciembre.
"El texto propuesto consagra los intereses de la élite económica y fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas", objetó en un comunicado la alianza que engloba a los partidos Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes y suma 21 legisladores en la Cámara de Diputados.
El Frente Amplio lamentó en la nota que el proceso constitucional arrancó con el objetivo de "dar respuestas a las múltiples demandas sociales que fueron ignoradas durante décadas por la política" y que ahora culmina con una propuesta de carta magna que ahondará la desigualdad.
"Con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas y redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país", insistieron los descontentos.
"Los esfuerzos de la política deberían estar orientados a resolver las deudas con la ciudadanía en materias de pensiones, salud y educación", agregó el documento.
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El Consejo Constitucional, formado por 50 miembros, en su mayoría opositores al presidente Gabriel Boric, aprobó a comienzos de semana el borrador para una nueva carta magna que será votado por la ciudadanía el 17 de diciembre, en la que será la segunda consulta ciudadana en poco más de un año.
La propuesta de nueva Carta Magna fue elaborada durante cinco meses donde el ultraderechista Partido Republicano (22 escaños) y la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos (11) hicieron valer su contundente mayoría para incluir artículos que han sido criticados desde varios sectores por suponer "retrocesos" respecto a la Constitución actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990).
Entre las cláusulas más polémicas destacan "el derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
Los detractores del texto también critican cómo ha quedado el Estado social de derecho, una aspiración histórica de la izquierda y centro-izquierda, y denuncian que hay artículos que perpetúan el actual Estado subsidiario y consagran constitucionalmente el sistema privado de salud o el criticado modelo de pensiones de capitalización individual.
Para los defensores, en cambio, la propuesta garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país.
Si el texto finalmente se rechaza en diciembre, tal y como apuntan todas las encuestas, seguirá vigente la actual carta fundamental, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada en democracia.
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