Pasan a disponibilidad a un policía federal sospechado de adulterar cocaína en banda narco

Allanamiento en Puerta 8 con la droga adultarada.

Un sargento primero que revistaba en la Unidad Operativa Federal San Isidro de la Policía Federal fue pasado hoy a disponibilidad preventiva bajo la sospecha de que podría tratarse de uno de los policías que integra la banda narco de Max Alí Alegre, alias Alicho, la poderosa organización que controla buena parte de los búnkeres de droga del corredor noroeste del conurbano y que sería el dueño del lote de cocaína adulterada con carfentanilo que causó una masiva intoxicación a quienes la consumieron, con el saldo de 24 muertos y decenas de internados.

Ese policía, identificado por fuentes del Gobierno como Jorge Fabricio Roldán, podría ser “Fabricio R., alias Rolo”, uno de los efectivos señalados en el reportaje de investigación publicado por LA NACION el sábado último, titulada Narcotráfico y corrupción. La mitad de la banda del presunto dueño de la cocaína adulterada son policías.

Ante esa sospecha, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, presentó hoy una denuncia ante la Justicia Federal para “facilitar una amplia investigación que permita dilucidar y/o corroborar los hechos que allí se relatan”, que esté orientada a identificar a “toda aquella persona que, durante el curso de la investigación a iniciarse, pueda resultar determinada como autora, cómplice, instigadora o encubridora de las conductas denunciadas y/o sus efectos”.

En la presentación judicial, Fernández -que tiene a su cargo a las cuatro fuerzas federales de seguridad y, por lo tanto, “debe supervisar el accionar individual o conjunto” de sus miembros- adelantó que el Departamento de Investigaciones Administrativas de la Superintendencia de Asuntos Internos e Inspectoría General de la PFA ya abrió un sumario administrativo tendiente al “esclarecimiento del hecho y, de corresponder, el juzgamiento de la conducta de sus responsables”.

También requirió que se cite a prestar declaración testimonial a Gustavo Carabajal, el periodista de LA NACION que escribió aquella reveladora investigación periodística, a fin de que, “sin perjuicio de asegurársele su constitucional derecho a la preservación de las fuentes, aporte datos que permitan avanzar con la investigación a iniciarse”.

“Concretamente, a partir de la publicación periodística de fecha 12.2.2022, suscripta por el Sr. Gustavo Carabajal en el portal web del Diario “La Nación”, en el entendimiento de que allí se pone en conocimiento público acerca de la posible participación de integrantes de la Policía Federal Argentina en una organización criminal que se dedicaría al tráfico de estupefacientes, es que vengo a formular la presente denuncia con el objeto de que el órgano jurisdiccional competente instruya la investigación correspondiente a efectos de corroborar los hechos relatados en la publicación periodística de referencia, y posteriormente efectúe la atribución de responsabilidad jurídico penal que por derecho corresponda”, detalla el escrito presentado por Fernández, al que accedió LA NACION.

La nota publicada el sábado por Carabajal daba cuenta de la eventual participación de media docena de policías bonaerenses y de al menos un federal en la logística y la estructura de operaciones de la banda de Alicho. El artículo tomaba nota, como uno de los puntales de esa investigación, de un fallo del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, en el que fueron condenados por narcotráfico Alegre y uno de sus lugartenientes, Blas Adrián Gómez, alias El Gordo Blas.

En la página 54 de una de las sentencias dictadas en mayo de 2020 contra los acusados, los integrantes del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín detallaron que “se advierte la intervención de funcionarios policiales en el quehacer delictivo de la banda investigada. Se trató de una colaboración fundamental para el desarrollo de los actos de narcotráfico en la medida que, por su intermedio, se garantizaba la impunidad de sus miembros. En efecto, mediante dicha estructura evitaban ser descubiertos en las distintas fases de la cadena del tráfico de estupefacientes o, incluso, que se desbaraten los domicilios utilizados como puestos de venta, logrando con ello evitar la pérdida de material, ganancias, o la detención de quienes trabajaban con la banda”.

En esa causa -recordó Fernández en su denuncia de hoy- “la División de Operaciones Federales de la PFA y otras divisiones de esa fuerza de seguridad , según surge de la sentencia, “prestaron colaboración sustantiva durante durante la investigación que terminó con las condenas” de Alicho y El Gordo Blas. Señaló que la fiscalía basó su requerimiento en “los informes y tareas investigativas” practicados por los efectivos de esa dependencia, que permitieron “desentrañar la red que conformaba la organización bajo estudio, sus roles y relaciones”. En esa pesquisa, de hecho, fue asesinado el policía federal Alan Maximiliano Dolz, que tenía 21 años y realizaba tareas de inteligencia como “encubierto” en la villa Loyola, de San Martín, (uno de los enclaves controlados por Alegre) para documentar las actividades de la narcobanda cuando un “transa” le disparó por la espalda, en abril de 2017.

Acto seguido, Fernández explicó que formulaba la denuncia “para que sean los órganos del servicio de administración de Justicia quienes dispongan e instruyan todas las actividades probatorias que estimen correspondientes a efectos de dilucidar la veracidad (o no) la supuesta intervención de funcionarios de la Policía Federal Argentina en la red de narcotráfico que sería dirigida por Max Alí Alegre”.

El párrafo más elocuente de la nota del periodista de LA NACION con respecto a la presunta participación del sargento Roldán en el presunto cobro de coimas de los narcos de San Martín reza: “Las coimas no se terminan en la policía bonaerense. Un efectivo de la Policía Federal conocido como Fabricio R. alias Rolo, junta el dinero destinado a algunos comisarios de esa fuerza de seguridad [...] Fabricio R. es primo de otro uniformado, conocido como “El Tano Carlos”, que trabaja para Alicho desde hace tres años y que fue pasado a disponibilidad de la policía bonaerense después de la condena contra el jefe de la banda, en mayo de 2020”.

“Por lo demás, el periodista agregó que las connivencias ilícitas precedentemente señaladas no resultarían ‘novedosas’, indicando que habrían sido objeto de denuncia por parte de los integrantes del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín. Esas connivencias ilícitas que involucrarían a miembros de las fuerzas de seguridad habrían tenido/tendrían lugar en [las villas] Loyola, Lanzone, Sarmiento y Escalada”, precisó el ministro de Seguridad nacional en su escrito, en el que consideró que “en caso de corroborarse los hechos relatados por el periodista, por su gravedad, resultarían merecedores de reproche jurídico penal”.

Agregó Fernández: “En razón del cargo que el suscripto ejerce, no puede sino hacerse un deber promover la presente denuncia con el específico objeto de poner a disposición de los órganos del sistema de administración de Justicia toda la colaboración que se considere pertinente para la dilucidación de los hechos denunciados y con el objetivo, consecuente, de que todas las agencias públicas -en la órbita de los distintos poderes del Estado y en el marco de sus competencias propias- maximicen sus esfuerzos para continuar luchando contra uno de los más terribles flagelos delincuenciales como lo es la comercialización de estupefacientes”.

Y concluyó: “El avance de la investigación a iniciarse constituye, además, el único canal posible para ‘poner negro sobre blanco’ y determinar si efectivamente existen numerarios de las fuerzas de seguridad que, contrariando sus deberes propios, integren nóminas criminales destinadas a la comercialización de estupefacientes. Ello sin duda resulta de interés para la sociedad toda, pero no es menos cierto que resulta especialmente importante para los miembros de la fuerza de seguridad en cuestión a efectos de evitar una injusta deslegitimación de la institución policial cuyos integrantes cumplen diaria, dedicada y honradamente con su deber -salvo eventuales excepciones merecedoras del castigo correspondiente por derecho-; de allí que los miembros de la fuerza de seguridad tengan especial interés en la identificación de los eventuales delincuentes a los que hace referencia el periodista Carabajal”.

Fuente: La Nación.