José Ángel Allende, el sindicalista que deberá devolver lo que robó y quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos

José Ángel Allende, TWITTER

José Ángel Allende, deberá devolver lo que robó y quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El sindicalista, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos y ex diputado provincial del PJ, está acusado de haberse quedado con casi 1,2 millones de dólares del Estado en el transcurso de los últimos 22 años.

Se resolverá mañana por la tarde en Paraná, donde el juez Elvio Garzón dará a conocer si acepta el acuerdo de juicio abreviado.

El acuerdo al que llegó con la fiscalía incluye como contraparte el beneficio de no ir preso, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses, y la posibilidad, que decidirá otro juez, el de instrucción, de que queden sobreseídos sus hijos Julio, Victoria y Carolina; Adriana Satler, su mujer, y Diana Traverso, su ex, todos ellos involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y a quienes, con excepción de Traverso, ubicó en distintas reparticiones del Estado.

El juez debe decidir sopesando la postura de quienes se oponen al acuerdo porque piden una pena mayor. Entre ellos, dos víctimas: la actual ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, a quien el líder sindical hostigó y agredió mientras le pedía remover a la directora del hospital de Diamante, y el periodista Martín Carboni, al que criticó en una radio local comparando la situación con el suicidio de Alfredo Yabrán y el asesinato de José Luis Cabezas.

El patrimonio de Allende, estimado en 4,5 millones de dólares, creció al amparo de una relación siempre estrecha con los diferentes gobernadores. Posee barcos, casas en Entre Ríos, una colección de autos antiguos y hasta una isla en el Paraná y un departamento en la torre Le Parc, en Puerto Madero.

El acuerdo prevé que devuelva dos casas (una en el Parque Urquiza, con vista al Paraná, valuada en US$720.922, y otra de 378.289 dólares) más 3 millones de pesos en efectivo, según consignó el medio La Nación. Si prospera, el procedimiento interpelará de algún modo a todo el poder provincial. Entre ellos al gobernador, Gustavo Bordet, que designó hace cinco años a Satler, la mujer de Allende, en un cargo ad honorem en el ministerio de Salud.

Satler fue nombrada como coordinadora de la Unidad Ejecutora de Conservación, una dependencia que se encarga del mantenimiento de los hospitales. Y también a Sergio Urribarri, actual embajador en Israel, que condujo los destinos de la provincia hasta 2015 y tiene tres causas dispuestas ya para el juicio, entre ellas, una que lo investiga por el supuesto desvío de fondos en la campaña mediante la cual pretendía ser candidato a presidente y llamó “Sueño Entrerriano”.

El periodista Daniel Enz, uno de los que sacó a la luz el caso desde la revista Análisis en 2012 y en su libro El Nido, dice que Urribarri fue uno de los que se oponía a que el sindicalista se declarara culpable: “¿Vos sos loco, Ruso? ¿Sos consciente del precedente que nos generás si acordás eso?” El acusado le contestó que lo hacía para excluir de la causa a su familia.

Pero ello depende del juez, ya que Allende los involucró directamente. Lo admite él en el acuerdo. Entre 2008 y 2011, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados, le suministró 128 subsidios a la fundación Esperanza, que presidía su mujer, Satler, y en la que figuraban su hija Victoria como tesorera y él mismo como secretario del Consejo de Administración. Una maniobra que sumó casi 1,5 millones de pesos de entonces.