En la década del 90 dos sucesos, con menos cinco meses diferencia, causaron estupor en la vida de los argentinos. Primero, en agosto de 1992, el consumo de un jarabe de propóleo provocó la muerte de 21 personas y en febrero de 1993, un vino adulterado con metanol causó el deceso de 29 individuos. Cronología de dos hechos que dejarían una trágica huella en la sociedad.
Productos alterados y contaminados.
La reciente noticia de la muerte de, al menos 20 personas, y 50 internado por consumir cocaína adulterada en el Conurbano causó enorme conmoción en la Argentina. Pero no es el primer hecho de intoxicación masiva que se registra, el caso recuerda a dos sucesos de agosto del '92 y febrero del '93 que viven en el inconsciente colectivo y dejaron en total casi 50 muertos.
EL JARABE DE LA MUERTE
El primero de los casos tuvo lugar en agosto de 1992, el día 11 los diarios daban la noticia de una intoxicación mortal por el consumo del jarabe de propóleo que elaboraba el Laboratorio Huilen en La Plata. Para ese entonces, la marca se dedicaba a la elaboración de productos medicinales y cosméticos y por ellos su titular, Mabel Aparicio, atribuyó a que la causa de la tragedia había sido un sabotaje.
Las víctimas llegaban a los hospitales con cuadros de intoxicación aguda con náuseas, vómitos y mareos, todos habían expresado que habían consumido el jarabe de Huilen. Para septiembre la cifra de muertos había ascendido a 21 y los análisis determinaron que el producto estaba contaminado con dietilenglicol.
El diario Clarín informaba sobre la mercadería envenenada.
El hecho fue llevado a la justicia, un litigio que duró años y quedó en la nada, apenas se hizo un intento por reconstruir el paso a paso que explicaría cómo el jarabe se convirtió en veneno. El propóleo se elaboraba en un tanque donde se colocaban las "piedras de propóleo", allí debía agregarse el alcohol del tipo propilenglicol que sí es apto para consumo humano, pero en su lugar se introdujo el dietilenglicol. Esa sustancia prohibida -según la justicia- se agregó fuera del establecimiento, aún hoy no se sabe quién y por qué.
El libro que Aparicio publicó contando su versión de los hechos.
Aparicio se radicó en Uruguay y luego en España donde vive actualmente. El 9 de agosto de 1999, el juez Nelson Javier Jarazzo dictó su sobreseimiento definitivo en un fallo donde se destaca el siguiente párrafo: “En base a pericias, testimonios y análisis de materias primas utilizadas para fabricar esos productos, no se verificó en la planta industrial de Huilen que existiera el Dietilenglicol, el elemento químico que habría causado las contaminaciones y que a la postre resultó letal.”
VINO ENVENENADO
El 21 de febrero de 1993, en Ensenada provincia de Buenos Aires, se conoció la noticia de que un festejo de cumpleaños terminó con la muerte de seis personas. Todas habían tomado vino de las marcas Soy Cuyano y Mansero, pero no serían los únicos. Con el tiempo se registraron víctimas fatales en Corrientes, Misiones y Entre Ríos elevando el número de muertes a 29.
Por la conmoción que causó la noticia y el número elevado registrado de fallecidos, el entonces presidente Carlos Menem ordenó el cierra de la bodega "Nietos de Gonzalo Torraga" en Caucete y todas las miradas comenzaban a ponerse en Mario Torraga, dueño de la marca, por sospechas de manipulación en la bebida.
El primer síntoma de la intoxicación con alcohol de quemar, líquido mortal que poseían las bebidas, era la ceguera porque el producto lo primero que atacaba era el nervio óptico. También provocó daños neurológicos irreparables.
Así está el terreno donde se elaboraba el vino actualmente.
El juicio que se le realizó a él y a su hijo Guillermo, principales responsables de la bodega y su elaboración, en 1996 confirmó las sospechas: los vinos eran adulterados con el objetivo de "estirarlos" con metanol en Buenos Aires. Fue condenado a 15 años, su hijo y empleados recibieron penas que fueron de los 2 a 6 años. Entre una de las consecuencias que dejó el caso, en 1995 fue promulgada la ley de alcoholes que le otorgan las facultades y controles al instituto nacional con sede en Mendoza.
Lo último que se supo del caso es que en 2010, la Cámara Federal de La Plata confirmó un fallo de primera instancia y condenó al INV y a la bodega a pagar medio millón de pesos a los familiares de una de las víctimas.
Por Yasmin Ali
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