El flamante presidente busca poner en pausa la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, argumentando que perjudica la competitividad de las empresas estadounidenses.
Por Canal26
Lunes 10 de Febrero de 2025 - 20:00
Donald Trump firmará una orden ejecutiva. Foto: Reuters/Elizabeth Frantz
Desde que llegó al poder, Donald Trump se puso al hombro la modificación de algunas cuestiones que consideraba innecesarias o perjudiciales para los intereses de Estados Unidos. Ahora, el republicano firmará una orden ejecutiva para suspender la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Se trata de una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y personas estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.
La decisión se fundamenta en la preocupación de Trump de que la aplicación estricta de la ley pone en desventaja a las empresas estadounidenses frente a sus competidores internacionales, muchos de los cuales operan en mercados con regulaciones menos estrictas sobre prácticas comerciales.
De este modo, el mandatario entiende que las compañías norteamericanas tienen prohibido participar en prácticas comunes, creando una desigualdad en el mercado.
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La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero fue promulgada en 1977 con el objetivo de frenar la corrupción en el comercio internacional al prohibir los sobornos a funcionarios extranjeros. En 1998, fue enmendada para aplicarse también a empresas extranjeras y a personas que faciliten pagos ilícitos desde territorio estadounidense.
La normativa abarca no sólo sobornos directos, sino también ofertas, planes o autorizaciones de pagos indebidos por parte de la dirección de una empresa. También, las acciones que pueden constituir una violación de la ley incluyen una amplia gama de interacciones con funcionarios extranjeros.
Trump no quiere que la ley perjudique a las empresas estadounidenses. Foto: Reuters/Elizabeth Frantz
Las sanciones para los infractores de la ley incluyen penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares, o el triple del valor de lo ofrecido ilegalmente. En el caso de corporaciones, las multas pueden alcanzar cifras significativamente mayores.
En 2024, se anunciaron 24 casos de presuntas violaciones de la ley, mientras que en 2023 se registraron 17 casos.
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