En 2016 el país firmó un pacto que beneficiaba a Inglaterra. Si bien hoy no está vigente, países como Uruguay, Brasil y Chile reanudaron vínculos operativos con las islas, debilitando el reclamo argentino.
Reclamo argentino sobre la soberanía en Islas Malvinas. Foto: Cancillería
El 13 de septiembre de 2016, la Cancillería argentina emitió un comunicado conjunto con el gobierno del Reino Unido, conocido como 'Foradori-Duncan', por el nombre de los vicecancilleres firmantes. En él, Argentina manifestaba su voluntad de remover obstáculos para el desarrollo económico de las Islas Malvinas, en áreas como hidrocarburos, pesca, navegación y comercio.
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La empresa británica Rockhopper Exploration, junto con su socia israelí Navitas Petroleum, planea iniciar la explotación del yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. Según la propia compañía y reportes internacionales, la zona contiene aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo. La inversión inicial estimada para la primera fase del proyecto es de 1.200 millones de dólares, con un costo operativo aproximado de 24 dólares por barril.
La plataforma de perforación para extraer petróleo.REUTERS / Gary Clemente
El plan contempla el uso de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), con 23 pozos distribuidos en dos fases. La producción proyectada es de entre 80.000 y 100.000 barriles diarios. La decisión final de inversión está prevista para mediados de 2025, y la producción podría comenzar hacia fines de 2027.
Se trata sin dudas de una injerencia inaceptable de potencias extracontinentales en nuestra región.
El éxito operativo del proyecto depende de una cadena logística eficaz. Las ciudades argentinas de Ushuaia y Río Grande son los puntos continentales más cercanos al yacimiento, y representan nodos clave para el suministro de personal, víveres, repuestos y combustible. La negativa del Estado argentino a permitir el uso de estos puertos, como ha ocurrido en otras etapas, obliga a las empresas a operar desde puntos más lejanos como Montevideo (Uruguay) o Punta Arenas (Chile), lo que incrementa los costos y los riesgos logísticos.
El control argentino sobre esta logística regional constituye una herramienta de presión legítima y una expresión concreta de soberanía efectiva.
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Este acuerdo fue ampliamente criticado por implicar una concesión unilateral que favoreció los intereses británicos, sin incorporar el tema de soberanía ni garantizar contrapartidas. En marzo de 2022, el gobierno argentino dio por terminado el entendimiento. Sin embargo, en agosto de 2023, la entonces canciller Diana Mondino expresó públicamente su disposición a retomar una línea de cooperación práctica con el Reino Unido, en una clara señal de relanzamiento del espíritu de aquel pacto.
David Lammy junto a Diana Mondino. Foto: Gentileza cancillería argentina.
La Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 1 de diciembre de 1976, “insta a las partes interesadas a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando el proceso recomendado por la Asamblea General.”
Este principio sostiene que cualquier actividad de desarrollo económico o explotación de recursos en el territorio en disputa debe ser consensuada. En consecuencia, las concesiones otorgadas por el Reino Unido para la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, sin el consentimiento argentino, constituyen una violación del derecho internacional. Argentina utiliza esta resolución como uno de los pilares legales para fundamentar su posición soberana.
El control logístico desde el continente argentino es una herramienta estratégica concreta para la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y para la proyección nacional en el Atlántico Sur y la Antártida. Cualquier política que favorezca la normalización de la presencia británica en las islas, sin incluir la cuestión de soberanía, debilita la posición argentina.
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El control logístico sobre las operaciones británicas en el Atlántico Sur no debe limitarse al territorio argentino. La acción diplomática hacia los países de América, en particular los del Cono Sur, es esencial para impedir el abastecimiento externo a las Islas Malvinas, reforzando así la posición argentina en el plano multilateral.
Históricamente, Argentina ha impulsado que Uruguay, Brasil y Chile se abstuvieran de brindar apoyo logístico, aéreo o marítimo a las actividades británicas en el área. Sin embargo, en los últimos años se han reanudado vínculos operativos con Malvinas, como:
Estas situaciones debilitan el reclamo argentino, ya que contribuyen a normalizar la ocupación británica del territorio en disputa. La falta de una política diplomática continental activa en este sentido representa una omisión estratégica.
Argentina debería reimpulsar acciones diplomáticas concretas para revalidar el apoyo continental al principio de integridad territorial, tal como ha sido expresado históricamente por foros como CELAC, UNASUR y Mercosur, y así deslegitimar cualquier actividad unilateral británica en el área.
En este contexto, la política argentina debe orientarse claramente a evitar la consolidación de presencias extracontinentales en el Atlántico Sur, reafirmando que se trata de una región bajo influencia hemisférica. La revalorización del continentalismo y el relanzamiento doctrinario de la Doctrina Monroe ofrecen un marco favorable para coordinar posiciones con los países americanos, especialmente con Estados Unidos, como principal potencia de la región. La alineación con esta perspectiva puede reforzar el principio de integridad territorial y la defensa de los intereses estratégicos del hemisferio sur.
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